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Natalia Cubillos Murcia - ncubillos@larepublica.com.co Jueves, 26 de marzo de 2015

 

Esta situación es considerada un incumplimiento al estatuto del consumidor y es lo que quiere recalcar la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La determinación de sancionar a Almacenes Carco, con $64 millones, y reemplazarle el computador a un comprador está en esta vía.

“Al menos 70% u 80% de demandas que se reciben tienen que ver con aspectos relacionados con las garantías”, señaló Felipe García Pineda,  superintendente delegado para Asuntos Jurisdiccionales.

Pero lo más relevante, dijo el funcionario, es recordarle a los consumidores que “ningún establecimiento puede cobrar por hacer efectivo un servicio de garantía, como lo sucedió en Almacenes Carco, con sede en Fonseca”.

En este caso, el agravante es que tras varias solicitudes del cambio del equipo, la compañía no  quiso hacerlo efectivo, lo que incumple estrictamente lo establecido en la Ley. 

En la sentencia judicial se encontró probado que Almacenes Carco incumplió con sus obligaciones legales previstas en el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), al haberse negado a cambiar el computador de un consumidor que había presentado fallas reiteradas y por cobrarle la reparación del equipo.

Durante el proceso judicial, la empresa, tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, pero desde la opinión de la Superintendencia, la compañía Carco Seve, propietaria de los almacenes, no contestó la demanda ni asistió a la audiencia citada. 

Ante la decisión no procede ningún recurso, y debe ser aplicada de inmediato, advirtió la Superintendencia. 

Para que casos como este no vuelvan a ocurrir, resulta fundamental que la ciudadanía se acerque de manera física o virtual a la Superintendencia o se ponga la queja ante un juez civil. 

¿Qué tan significativas son?

Las últimas cifras proporcionadas  por la Superintendencia, liderada por Pablo Felipe Robledo, muestra que las multas impuestas por las infracciones al Estatuto del Consumidor representan 2%, $2.800 millones, de un total de $115.452 millones. 

En primer lugar se encuentran las infracciones de competencia y eficiencia de los mercados, lo que recuerda procesos tan relevantes como las investigaciones de la cartelización de precios, por $84.018 millones. 

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