viernes, 22 de marzo de 2019
El procurador Fernando Carrillo Flórez, anunció que la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública abrió investigación disciplinaria contra el exalcalde de Cartagena Dionisio Vélez Trujillo.
También se investiga a la exdirectora del Dadis, Martha Rodríguez, por haber incumplido normas que conllevaron a la ejecución de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales que habrían causado un presunto detrimento patrimonial por $56.000 millones.
El jefe del Ministerio Público explicó que se realizaron unas visitas y se ejerció un control de gestión en el caso de obras de infraestructura física de más de 10 centros y puestos de salud adscritos a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, de las cuales al momento de las visitas encontraron que no se habían entregado encontrándose iniciadas las obras, unas estaban inconclusas y en estado de abandono. Al igual que notaron equipos biomédicos, plantas eléctricas a la intemperie y materiales de obras que se encontraban alrededores de las mismas y que ya habían perdido por completo su funcionabilidad.
“Es decir, una negligencia y una desidia absoluta tratándose de puestos de salud que supuestamente se construyen para garantizar el derecho a la salud de tantos cartageneros (...) Estamos hablando de dos contratos que suman $100.000 millones, los cuales en el propio objeto contractual buscaban inicialmente la intervención en la infraestructura hospitalaria de 39 instituciones de salud del Distrito.
“La vigilancia de la Procuraduría fue sola por 10, pero se dio la intervención en el caso de 39 instituciones de salud del Distrito”, dijo Carrillo.
El procurador precisó que “una de las situaciones que encontramos es que la administración distrital, en ese momento, habría incumplido normas que conllevaron a ejecución de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Las administraciones distritales a partir de la Alcaldía del señor Dionisio Vélez a la fecha han incurrido en conductas que generaron detrimento patrimonial por acción y omisión de funciones. Los cálculos presuntos en materia de detrimento patrimonial ascienden a $56.000 millones y más grave aún, lo que nos preocupa por encima de todo, que es violentar el derecho de los cartageneros vulnerando el derecho a la salud de más de 500.000 habitantes, especialmente de la población más vulnerable”.
Dijo que otras de las conductas tienen que ver con haber incumplido de manera irresponsable esas funciones de supervisión contractual y que la administración distrital debe tener la mayor diligencia cuando se trata de cumplir contratos de esta naturaleza. Aquí solo se ve incumpliendo.
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