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Colprensa martes, 19 de marzo de 2019

El presidente del Banco Agrario de Colombia, Francisco José Mejía, informó que se ha venido adelantando unas acciones para prevenir y detectar posibles fraudes.

“Estamos trabajando en conjunto con diferentes autoridades, como son la Secretaría para la Transparencia de la Presidencia de la Republica, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y la Uiaf, para desmantelar todas las organizaciones delincuenciales que vienen afectando el patrimonio del banco, que es el patrimonio de los colombianos, con sus actividades fraudulentas”, indicó Mejía.

De acuerdo con el funcionario, en los últimos días ya se han presentado unas denuncias ante la Fiscalía sobre casos en Tolima, Cundinamarca, Nariño, Caquetá y Meta que superan los $5.000 millones.

"Esperamos en los próximos días presentar nuevas denuncias de casos que ya tenemos identificados, pues esta administración será implacable contra la corrupción. Los corruptos deben saber que se les acabó la fiesta”, señaló Mejía.

Este lunes fueron presentadas denuncias por irregularidades en Líbano (Tolima) en donde se estableció que se otorgaron créditos con base en certificados falsos de sana posesión, que terminaron respaldando operaciones por $3.204 millones, cuyos saldos se encuentran en mora.

Asimismo, en Silvania (Cundinamarca) se detectó que cerca de la oficina estaría funcionando un sitio en el cual presuntamente se fabricaba documentación falsa, con el propósito de gestionar créditos ante el Banco Agrario, los cuales llegan a los $1.489 millones .

Estos dos casos se suman a los ya denunciados en la última semana ante la Fiscalía, ante las irregularidades que se evidenciaron en Buesaco (Nariño) en donde se descubrieron 33 créditos que habrían sido otorgados de forma irregular por valor de $263 millones . Otro caso se registró en Cartagena del Chairá (Caquetá), donde se amplió la denuncia por el retiro de $158 millones  aparentemente por parte de un cajero.

Finalmente, otro de los casos se evidenció en el municipio de Castilla La Nueva (Meta) en donde se detectaron irregularidades en un crédito por una supuesta falsedad en documento público (certificado de libertad) y en donde está comprometido un saldo de $300 millones.

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