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Natalia Cubillos Murcia - ncubillos@larepublica.com.co martes, 9 de junio de 2015

Hace un año se creó el Grupo Iberoamericano de la Práctica de Compliance, con 15 firmas de América Latina y una de Estados Unidos para ser la mano derecha de las empresas en su práctica antisoborno, antiterrorista y un plan del manejo del riesgo contra la corrupción. En Colombia, el despacho participante es Brigard&Urrutia (B&U).

Tras su reunión anual, que dejó lista la primera publicación ‘Práctica de Compliance en Latinoamérica, estado actual de la legislación anticorrupción y otras’, la gran conclusión es que “la decisión en temas de ‘compliance’ es económica (...) ya no es buen negocio sobornar a un funcionario, las sanciones son muy altas y el riesgo reputacional, también”, dijo  Pedro Serrano, representante de la firma argentina Marval, O’Farrell & Mairal.

En la entrevista, en la que participaron Carlos Fradique y Ana María Rodríguez, de B&U; Marcos Ríos,  de Carey &Cia, y Jacqueline Becerra, de Greenberg Traurig, también se habló de los nuevos retos de este grupo de servicios legales.

Los últimos estudios han demostrado que el soborno sigue siendo una práctica recurrente en los negocios, ¿qué piensan de este tema?

La tendencia del pago indebido es decreciente y esto se debe en gran medida en las normas que han venido saliendo. Ya no es buen negocio pagarle a un funcionario público, porque el riesgo de que la empresa sea descubierta es muy alto, las multas son onerosas y el riesgo reputacional, peor. Es una decisión económica.

¿Qué tan caro le sale a una empresa el soborno?
Por el lado americano la multa no siempre está de acuerdo con la cantidad de soborno. Tiene que ver con los beneficios para el negocio. Pero también hay reducciones en las multas por la colaboración y por tener programas activos de compliance.

¿Qué es lo clave al hablar de ‘compliance’?
Hay distintos niveles y negocios en los servicios. Redención, que tiene que ver con ayudar a un cliente a hacer su primer modelo de prevención de delitos o código de conducta o de ética.

Nacionalización: Es decir la localización de las normas para evitar la prevención de delitos.
Operaciones: Tiene que ver con el Due Diligence y evaluar los contratos que firman con esos terceros para asegurar  que están protegidos.
Negociación de las empresas. Cuando la prevención falló hay que estar allí en la investigación, por ejemplo de lavado de activos, la gente quiere cooperar y defenderse.

¿Qué incluye la primera publicación sobre el tema?
Apoyamos a las empresas a sus propios planes de ‘compliance’, a buscar sinergias.

Contemplan programas anticorrupción, prevención de lavado de activos, sobre derechos de la competencia, protección de datos, entre otros. Este libro les va a dar un mapa de ‘compliance’ en la región para empresas que quieran expandirse.

Estos programas parecen muy viables para multinacionales, pero no así para pequeñas empresas, ¿cómo convencerlas para que se vinculen?
Lo que estamos haciendo son sinergias para las empresas que ya atendemos en conjunto con las 16 firmas y lograr conformar su plan de ‘compliance’.

Es mejor negocio hacer las cosas bien. Si estamos preocupados por esta práctica es porque nuestras empresas están preocupadas por cubrirse ante estos riesgos.

¿Qué viene para este grupo?
Estamos haciendo reuniones anuales. La de 2016 es en Santiago de Chile. La idea es actualizar el libro anualmente y hacer seminarios y foros.

¿Están abiertos a vincular más bufetes?
Por ahora no.

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