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Hernán Miranda Abaúnza - hmiranda@mytabogados.com lunes, 25 de febrero de 2013

Hemos visto que álgidos y neurálgicos temas como el narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares, la corrupción administrativa o la violencia contra la mujer se han vuelto ofertas o promociones para neófitos candidatos políticos que sin mayor injerencia ni chispa en temas legislativos, saltan a la palestra enarbolando legislaciones sin ningún rigor de política criminal, pero que ceban pasiones de los ciudadanos e incluso, consiguen gratis adoctrinados corifeos.

Es apenas obvio que tales márgenes de criminalidad deban ser combatidos severamente por el Estado, pero el primer error surge al creer que esa lucha debe darse siempre y en primer lugar, desde la legislación penal. Error porque la ley penal, asentado está que en democracias postmodernas y liberales, ha de ser la última herramienta estatal para prevenir y reprimir los conflictos o problemas sociales, jamás la primera.
 
Error, pues la manera más «barata» -social y económicamente hablando- de prevenir el delito, como lo dijera Beccaría hace casi doscientos cincuenta años atrás, es con la educación. No es el aumento de penas, la creación de nuevos delitos o la merma de garantías judiciales la que disuade la criminalidad o, no por lo menos, a la criminalidad organizada (la cual se sofistica con dichos aumentos, como pasa con la dinámica de la competencia de mercados) o a la que genera más estupor, como los delitos sexuales contra menores, pues los presuntos violadores siempre confían en que nunca serán descubiertos, siéndoles indiferente la cantidad de pena para satisfacer su lascivia. Son estos últimos delitos el nuevo y más aclamado trampolín de los demagogos, cuyo ejercicio en el ámbito de las leyes penales se denomina «populismo punitivo», esto es, valerse de las efusiones y rechazos que generan estos delitos en la comunidad para proponer soluciones irracionales, desproporcionadas e insensatas pero que satisfacen las pasiones populares, obteniendo así altas votaciones y poder político, pero con cero resultados legislativos y mucho menos, de política criminal.
 
Es por ello que han tenido eco en Colombia las propuestas para crear «cadenas perpetuas» o castraciones químicas, incluso llegando al borde absurdo de ser aprobadas por vía referendo. Pero los políticos que enarbolan tales estandartes, a pesar de saber o conocer que en nuestro país en virtud de tratados internacionales suscritos por nuestros gobiernos, está prohibido reincorporar a la legislación interna tales tipos de penas, no les importa tal talanquera e igual impulsan dichas proposiciones.
 
Claro, con ellas se ganan el favor electoral de un grueso grupo de ciudadanos que sí desconocen esos límites o prohibiciones legales (y que no tienen por qué conocerlos), así como científicas y axiológicas conclusiones que demuestran no sólo la inutilidad de esos castigos para prevenir esa clase de delitos, sino que desde un Derecho penal propio de un Estado Social y Democrático de Derecho, tales condenas desconocen el más básico e irrenunciable principio: la dignidad humana. Sí, señor lector, hasta el más bajo de los delincuentes debe respetársele su condición de ser humano, so pena que el Estado se rebaje al nivel del criminal que busca castigar y del delito que busca prevenir. Por esta razón, vemos que todas y cada una de las «propuestas» que en tal sentido han presentado diversos legisladores -incluso, llegando al aberrante caso de demandar a la Nación por no satisfacer sus demagogos intereses- han caído tanto de forma como de fondo en el Congreso o en la propia Corte Constitucional.
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