La Judicatura también pide investigar a funcionarios

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) ha presentado 123 denuncias penales para que se investiguen actos de corrupción en la rama judicial, luego de que en la mañana del jueves fueran capturados 11 funcionarios del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, entre los que se encuentran dos jueces de control de garantías.

Fuentes cercanas a la Sala Administrativa aseguraron que dentro de las denuncias se solicita establecer si existen irregularidades en los procesos de reparto de casos judiciales en todos los complejos del país, sobre todo en Paloquemao, donde se presentó la primera captura por el escándalo, que ya tendría nombre propio: ‘carrusel de las audiencias’.

En ese sentido, al inicio de la tarde de ayer continuaba a puerta cerrada la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de los 11 funcionarios del complejo judicial en Bogotá.

Según se pudo establecer, en la diligencia la Fiscal 13 de la Unidad de Investigaciones contra los funcionarios le solicitó al Huez 52 de Garantías que legalice la captura de estas personas, quienes afrontan investigaciones por presuntamente haber hecho parte de una “empresa” para manipular procesos y otorgar beneficios a cambio de una suma de dinero.

La Fiscalía General les imputa a los indiciados seis delitos: concierto para delinquir, falsedad ideólogica en documento público, prevaricato por acción agravado, concusión, cohecho por dar u ofrecer, revelación de secreto y tráfico de influencias. Por estos cargos, según las normatividades, podrían pagar una pena que va entre los 15 y 20 años de prisión, en caso de que sean hallados culpables,.

Los 11 implicados
Los capturados fueron identificados como el juez 26 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá, Ricardo del Cristo Rodríguez, y su colega, el juez 38, Francisco Javier Barbón.

Los demás funcionarios implicados son el notificador, Alejandro Francisco Navas; la secretaria juzgado 26 penal municipal, Anadelina Corredor; la notificadora del Centro de Servicios Judiciales, Carmen Alicia Garzón Pinto; el empleado del Centro de Servicios Judiciales, Jaime Eduardo Camargo; el oficial mayor de un juzgado, Javier Yesid Español Palacios; otro empelado del Centro de Servicios Judiciales, Marvi Quecano Urueña; el secretario juzgado 55 penal municipal con función de control garantías, Manuel Velázquez Ayala; el estudiante de Derecho, Daniel Esteban Hurtado Rey, y el intermediario Manuel Humberto González Cuellar.