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Juliana Ramírez Prado - jramirez@larepublica.com.co Lunes, 16 de marzo de 2015

Para la entidad, algunas iniciativas como el Pacto Mundial y el Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos se han ido fortaleciendo. Sin embargo, proyectos de Ley, que se cocinan con las compañías, tal como la reforma a las consultas previas con comunidades limitaría el derecho de participación ciudadana.

El organismo manifiesta que se hace necesario que el Gobierno no ahorre esfuerzos para la protección de los Derechos Humanos, de tal manera que, las empresas tengan en cuenta cada vez más los problemas en este segmento e incluyan medidas de prevención y mitigación en las operaciones del negocio.

Angélica Guerra, máster en Derecho Internacional Económico y docente de la Universidad Externado de Colombia afirma que “si bien Colombia debería seguir avanzando en la carrera por la atracción de flujos de Inversión Extranjera Directa (IDE), el Gobierno también debe evaluar a qué costo, pues no debería sacrificar el desarrollo en términos amplios, por un desempeño económico positivo pero mal redistribuido (inequidad)”.

Guerra puntualiza que se debe encontrar el balance entre asumir el rol de economía emergente en proceso de negociación de paz con la realidad de las pequeñas comunidades que viven en las zonas de exploración y explotación de recursos naturales, específicamente.

La ONU muestra en su informe un panorama desalentador frente a la protección de los Derechos Humanos en Colombia, como que Chocó alcanza una pobreza monetaria de 63,1% o que 21 de los 29 municipios de Magdalena albergan menos del 1% de la cesta de servicios públicos. Ante esto, la ONU hace otras recomendaciones como proporcionar acceso al agua potable a todos sus municipios del país así mismo invertir en maximizar las oportunidades económicas y de trabajo para los jóvenes que les ofrezcan alternativas viables para no unirse a los grupos criminales.

En el documento le sugiere al Estado , controlar a futuro la violencia por parte de grupos post-desmovilización vinculados al crimen organizado con un enfoque integral que tome en cuenta la seguridad pública y la lucha judicial contra la impunidad. También se habla de la responsabilidad de los funcionarios públicos para evitar la corrupción y las razones de adoptar medidas para luchar contra la pobreza y la exclusión.

La ONU detalla que no es posible la amnistía al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones graves de los Derechos Humanos. En este punto, deja claro la importancia de desarrollar medidas judiciales y no judiciales para que la sociedad haga frente a las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario ocurridas en el pasado.

Finalmente, el organismo sugiere como puntos claves en el camino para lograr un paz duradera, utilizar todo el potencial de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como una herramienta para el cambio social y que el Plan Nacional de Desarrollo incluya objetivos de realización progresiva de derechos.

No a modificar las consultas
La ONU asegura que el proyecto de reforma a las comunidades afecta la participación política de las personas que viven en las zonas de explotación minera, especialmente comunidades indígenas y afrocolombianas. “Sus derechos a la consulta previa, en relación con los proyectos económicos implementados en sus territorios, están siendo  ignorados”  y recalcan que las propuestas legislativas del Gobierno para regular las consultas limitan el derecho de participación en procedimientos para la obtención de  licencias de explotación con respecto a recursos extractivos y construcción de infraestructuras en los territorios étnicos.

La Opinión

Angélica Guerra
Docente Universidad Externado de Colombia

“No es fácil lograr un equilibrio para conciliar la necesidad de crecer con la de satisfacer la demanda de la población (educación e igualdad), más cuando las comunidades llevan años excluidos de los procesos de toma de decisiones donde ellos son importantes”.

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