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guillermo cáez gómez lunes, 4 de febrero de 2013

Tenemos que aceptar que la política a nivel mundial en contra del narcotráfico está en su crisis más alta, no solo porque ha mostrado ser obsoleta e ineficiente a la hora de combatir la producción sino porque el consumo se ha querido penalizar; siendo a todas luces un problema de salud pública.

Estamos en un momento en cual recientemente se ha abierto el debate sobre la despenalización de la dosis mínima para las drogas sintéticas, como era de esperarse hay voces contradictoras y otras que como yo, creemos que este es un tema relacionado con salud pública y no con el derecho penal. 
 
Ahora bien, en aras de seguir con el debate propuesto, debemos analizar desde el punto de vista constitucional el por qué si se debe dar vía libre a esta iniciativa; el año pasado la Corte Constitucional ratificó la despenalización de la dosis mínima, siendo pilares de sus consideraciones los derechos a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad y autonomía, por lo que deben ser estos mismos los fundamentos que deben tenerse en cuenta al momento de tramitar esta propuesta.
 
Más allá de entrar al terreno de si es o no el camino para la legalización de la producción y distribución de las drogas ilícitas, es importante entender que con este tipo de iniciativas no se va a aumentar el consumo, siempre y cuando esta propuesta vaya acompañada con una campaña educativa sobre los efectos del consumo, la cadena de violencia que significa la producción y distribución de las drogas ilícitas; además que el narco adicto consumirá aún a sabiendas que puede eventualmente estar cometiendo un delito o como mínimo una conducta reprochable socialmente hablando, toda vez que es dependiente de ellas.
 
Oscuro es el futuro de este bien intencionado proyecto, ya que el fondo real del mismo es darle al consumo un tratamiento de salud pública, lo que permitirá que se habrá paso a incluir en el POS los tratamientos necesarios para esta enfermedad, porque querámoslo o no, la adicción no es un delito y por lo tanto el ámbito de aplicación del derecho penal es más que limitado.
 
No debemos ser tímidos a la hora de abordar estos temas y mucho menos mojigatos para entender que estamos en una época donde los jóvenes consumen drogas sintéticas y lo hacen sin importar que el mismo tenga pena o no; el consumo se debe atacar con campañas que realmente muestren a las generaciones presentes y venideras los efectos de violencia que genera la producción y la distribución, sin olvidar las consecuencias para la salud.
 
Vamos por buen camino, no dudemos en seguir avanzando en este tipo de propuestas que nos llevan a salir de un estado paternalista que se inmiscuye en las decisiones personales de los ciudadanos, para entrar a un modelo de estado que respete los derechos fundamentales que consagra la Constitución, pero que busca educar y concientizar a las personas que el ejercicio de los derechos también tiene limitantes y que ejercerlos sin saber las consecuencias puede llevarlos a una calle sin salida y en algunos casos hasta sin retorno.
 
Tenemos que ser conscientes que  el mundo ha cambiado, que no podemos tratar el problema de la adición de puertas para dentro en las casas y que la penalización no es la solución; por eso de nuevo hago un llamado a la reflexión, para que el consumo de drogas ilícitas sea tratado como un problema de salud pública y no uno del que deba ocuparse el derecho penal, que no es más que la ultima ratio del estado. 
 
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