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Colprensa miércoles, 2 de noviembre de 2016

Así lo reseñó un informe que realizaron de manera conjunta las fundaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación, quienes señalaron cómo en 24 sentencias los magistrados cuestionan a las empresas que compraron tierras a muy bajos precios, en medio de la violencia que ha padecido el país por el conflicto armado.

En las cementeras está Argos  (Fiducor), con dos sentencias. Una del Tribunal Superior de Cúcuta del 17 de febrero de 2016 y otra del Tribunal Superior de Cali del 18 de agosto de 2016 que se refieren ambas a predios ubicados en Carmen de Bolívar, donde hubo hechos de violencia paramilitar en el 2000.

En una de esas sentencias, se indica que “(…) el desplazamiento y despojo de predios en la zona de ubicación del inmueble restituido sirvió al propósito de concentración de la propiedad en cabeza de un único propietario a través de una triangulación de negocios que llevó a que aprovechándose de la situación de violencia se privara arbitrariamente, y por ínfimos valores, a los campesinos que allí eran propietarios de unidad agrícola familiar”.

El informe reseña también una condena en contra de la empresa bananera CI Banana sobre un predio en Mutatá, Antioquia, en la cual se indica que no hubo una mínima precaución para adquirir el terreno.

En el sector financiero, existe una sentencia del Tribunal Superior de Antioquia que relaciona a Bancolombia en un litigio por un predio en Valencia, Córdoba. El informe explica que allí se niega el reconocimiento de la hipoteca a favor del Banco y afirma que se realizaron negocios en medio de un contexto de intimidación que vivía la región, sin verificar la legalidad de los respectivos títulos.

En cuanto a las palmicutoras hay una sentencia del Tribunal Superior de Cúcuta en contra de la sociedad Las Palmas por un predio en Sabana de Torres, Santander; así como una del Tribunal Superior de Antioquia, contra Palmas de Bajirá sobre un predio en Mutatá. Allí,  la sentencia cuestiona la adquisición de un terreno baldío de manera arbitraria e ilegítima que motivó la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación. También hay una condena contra Palmas de Bajirá y Palmagan por otro predio en Mutatá.

También, hay fallos contra Continental Gold y Anglo Gold Ashanti, por un predio en Bagadó (Chocó) en donde se ordenó a la Agencia Nacional Minera suspender títulos mineros que involucren al Resguardo Alto Andágueda hasta que se haga la respectiva consulta previa.

La mayor cantidad de sentencias son para las empresas agropecuarias como Todo Tiempo; Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar, en tres fallos; A. Palacios; Sociedad Montecarmelo; Sociedad Agropecuaria W2; Agroservicios San Simón; Sociedad Jorge Herrera e Hijos, en tres fallos, Agropecuaria Tocaloa, y Sociedad Inversiones Futuro Verde.

Antecedentes

El director de Forjando Futuros, Gerardo Vega, señaló que se determinó que las empresas no actuaron con buena fe, lo que es exento de culpa por la Ley de Víctimas.El director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, destacó que las compañías contribuyeron al despojo a pesar de su magnitud y reconocimiento nacional, además cuestionó la labor del expresidente Álvaro Uribe Vélez al motivar la compra de tierras en zonas de conflicto y por los incentivos que se dieron a multinacionales.

La opinión

León Valencia
Director de la Fundación Paz y Reconciliación

“Es grave la responsabilidad del Estado en la entrega de títulos mineros. Las mineras se disculpan porque con informes estiman que allí puede haber petróleo u oro y sería el Estado el que tenía que revisar”.

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