• Colprensa

martes, 25 de diciembre de 2018

Caso Odebrecht y el Cartel de la Toga son los escándalos más sensibles que resolverá la justicia

La jurisdicción penal ordinaria se enfrentará grandes retos para el próximo año. En el sonajero judicial, los conflictos jurídicos más sonados son el caso Odebrecht, el Cartel de la Toga, el escándalo de las interceptaciones ilegales, las imputaciones contra la junta directiva de Reficar y la investigación contra el empresario Carlos Mattos.

Leonardo Espinosa Quintero fue escogido como fiscal ad hoc por la Corte Suprema de Justicia, y será el encargado de dirigir las investigaciones en el caso Odebrecht, en los casos donde se declaró impedido Néstor Humberto Martínez.

El reto esencial de Espinosa es desentramar una red de corrupción que involucró a Corficolombiana, la Agencia Nacional de Infraestructura, los negocios de la familia Solarte y a distintas empresas del sector de la construcción en el país. Analistas consideran que los problemas de Espinosa se presentan en dos flancos: por una parte, la Corte no le dio plena competencia para estudiar todo el expediente de Odebrecht; sumado a esto se dijo que Espinosa no se ha enfrentado a conflictos jurídicos penales de esta talla.

Otro bache en el camino de Espinosa es la crisis en medicina legal. Con la renuncia de Carlos Valdés al frente de la entidad, por cometer errores en el procedimiento de análisis de muestras al cuerpo de Jorge Pizano (testigo clave del Caso Odebrecht) se agudizó una crisis de legitimidad que perjudica la imagen de la Fiscalía y la independencia de sus investigaciones.

Las investigaciones por el caso Odebrecht se subdividen en cinco grandes líneas de investigación. Sin embargo, las más graves y complicadas son las que se relacionan con la adjudicación del contrato para la construcción de la Ruta del Sol Tramo II y Ruta del Sol III. Por estos hechos, han sido vinculados Jose Elías Melo, presidente de Corficolombiana, y Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Melo se encuentra en etapa de juicio. La Fiscalía ha extendido su voz de alerta por presuntas trabas de las autoridades brasileñas para que los directivos de Odebrecht declaren en el juicio. La audiencia se suspendió para el 21 de enero, donde se espera que se esclarezca otro capítulo de la turbia trama de corrupción de la empresa brasileña en Colombia.

El otro caso es el de Luis Fernando Andrade. El presidente de la ANI logró desmontar su medida de aseguramiento y salió del país, para Estados Unidos. Andrade ya acudió ante las autoridades y habló sobre los hechos que lo vincularon al escándalo de corrupción por la Ruta del Sol II; aún debe declarar por Ruta del Sol III.

El fiscal Néstor Humberto Martínez afirmó que Andrade y el Banco Interamericano de Desarrollo le tendieron un montaje. Martínez afirmó que el exdirector de la ANI quiere sabotear el proceso penal que pesa en su contra.

Gustavo Malo y el Cartel de la Toga

Otro caso que deberá resolver la justicia ordinaria, es el juicio del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, quien ha sido señalado por la Fiscalía de pertenecer a una organización delictiva que funcionaba dentro de la corporación.

Según la Fiscalía, entre 2013 y 2016, junto con el también magistrado Leonidas Bustos, “promovieron y dirigieron una organización criminal” a la que integraron a Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y el magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo Fernández, para direccionar procesos penales a cambio de dinero.

De acuerdo con las investigaciones, lo primero que quedó claro es que presuntamente, Ricaurte y Bustos conseguían los clientes, dirigentes políticos investigados, para “manejar los casos” con diferentes estrategias: consecución de información privilegiada, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos y hasta alterar evidencias.

Para la Fiscalía, de esa alianza criminal se derivaron varios actos de corrupción que relacionan al senador Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro Lyons y Julio Manzur.

Dentro del proceso que se surte en contra de Ricaurte, este fue acusado el 16 de marzo de 2018 por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada.

Prieto y Mattos
Otro caso de connotación nacional, es el aval del preacuerdo que busca Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, quien actualmente está recluido en la cárcel Modelo de Bogotá y es señalado de recibir dinero para gestionar ante la ANI la adjudicación de un contrato a la concesionaria Yuma, vinculado al tramo III de la Ruta del Sol.

El 5 de junio de 2018 la Fiscalía General archivó la investigación que pesaba en su contra, por supuestamente recibir dineros de Odebrecht para la campaña presidencial del exmandatario con el que trabajó. En ese entonces, el abogado Marlon Díaz, quien defiende los intereses de Prieto Uribe, anunció que la investigación penal cesó debido a que los hechos cometidos no estaban tipificados como delitos para la época.

Igualmente, otro caso que conmocionó al territorio nacional fue la presencia de Raúl Gutiérrez Sánchez en el país. Un hombre de nacionalidad cubana que fue capturado en el primer semestre del año porque, supuestamente, pretendía cometer actos terroristas contra miembros de la Embajada Americana.

En las diligencias judiciales que se surtieron en su contra, la Fiscalía dejó al descubierto una serie de conversaciones que vinculaban al cubano con miembros de organizaciones criminales de talante internacional. Las interceptaciones que fueron reveladas por el ente acusador, contaron a ciencia cierta lo que pretendía hacer el hoy detenido, quien días más tarde en una emisora colombiana desmintió que estuviera en el país por los hechos que se le acusan. El otro año se surtirá el juicio en su contra, en el que un juez especializado determinará si existe o no responsabilidad.

Por otro lado, en los estrados judiciales también se moverá el caso de Edna, Uriel, Alirio y Norberto Mora Urrea, los hermanos que, a juicio de la Fiscalía, serían los testaferros de las extintas Farc. Si bien, en una diligencia llevada a cabo en julio de este año, pidieron pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hasta la fecha no se conoce que en la justicia transicional hayan aceptado su solicitud.

En ese entonces, la Fiscalía dijo que los cuatro hermanos estarían inmersos en una organización presuntamente dedicada al testaferrato y financiación de grupos terroristas. A juicio del ente acusador, los hermanos Mora Urrea “buscaban dar apariencia de legalidad a algunos dineros provenientes de las actividades ilícitas del extinto Frente 53 de las FARC”.

El fiscal del caso aseguró en su momento que al mando de ese frente estaba Henry Castellanos Garzón, alias ‘Romaña’. Según el informe de la Fiscalía, estas personas recibían dinero de ese frente, a través de ‘Romaña’, y posterior a ello generaron una serie de almacenes de comercio denominados Supermercados Cundinamarca, dedicados a comercializar abarrotes en diferentes partes del país.

Del mismo modo, en medio de las diligencias judiciales se evidenció que los hermanos Mora Urrea, tuvieron un incremento patrimonial considerable.

Otro caso que está en el tintero de la justicia ordinaria, es el del empresario Carlos Mattos, quien ha sido judicializado en contumacia, debido a que las veces que ha sido requerido por las autoridades no ha asistido, supuestamente, por estar en mal estado de salud.

Mattos, de quien se dice está en España, es solicitado por la Fiscalía para que responda por las presuntas irregularidades en el reparto de una demanda que presentó la empresa Hyundai Colombia contra la coreana Hyundai Motor Company, que durante septiembre de 2015 le quitó al empresario la representación comercial de la marca en el territorio nacional.

En el marco de este sonado caso han sido detenidos abogados, jueces y funcionarios judiciales. El más reciente procesado por este escándalo es Álex Vernot, cobijado con medida de aseguramiento. Este abogado fue señalado por el ente acusador de ser el autor de soborno en actuación judicial, al ofrecerle dinero al también jurista Luis Durán para que cambiara su versión en contra de Mattos.

Los encuentros con Durán se dieron en la cárcel La Modelo, donde permanece detenido. Las visitas fueron documentadas por la Fiscalía y cuentan, además, con una declaración bajo juramento de Durán en la que asegura que, en efecto, Vernot le ofreció dos millones de dólares para modificar su testimonio.

Interceptaciones Ilegales
Otro caso que consternó a la opinión pública y que estará bajo la lupa de la justicia ordinaria el próximo año fue el de las interceptaciones ilegales que se hicieron, a juicio de la Fiscalía, desde Cali (Valle del Cauca) e Ipiales (Nariño), en donde se constató que la organización era promovida por altos exoficiales del Ejército, una exfuncionaria del Ministerio de las Comunicaciones e, incluso, salpicó al general (r) Humberto Guatibonza, quien fungió como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según la Fiscalía, el general habría servido de intermediario en la organización y llevaba “clientes” para que fuesen “chuzados”. Guatibonza enfrentará en 2019 su juicio bajo detención domiciliaria, que le fue otorgado por un juez de la República.

Por último, se encuentra el atentado al Centro Comercial Andino, en el cual son procesadas diez personas por los hechos terroristas ocurridos en junio de 2017, donde perdieron la vida tres mujeres y siete más quedaron heridas, esto luego de que detonaran un artefacto explosivo en uno de los baños del establecimiento público.

Lo que dio un giro inesperado en la historia es que la Fiscalía, en sus investigaciones, halló que los procesados tenían nexos con el Ejército de Liberación Nacional. Según el ente acusador, los hoy cobijados con medida de aseguramiento recibían adoctrinamiento militar y a cambio suministraban conocimientos al grupo al margen de la ley. Los procesados se encuentran en etapa de juicio.