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Juliana Ramírez Prado - jramirez@larepublica.com.co Miércoles, 25 de febrero de 2015

La audiencia de imputación de cargos contra 7 de los 10  directivos (Juan Carlos Ortíz, Ricardo Martínez, Tomas Jaramillo, Natalia Zuñiga, Juan Andrés Tirado, Claudia Aristizabal y Johan Martínez)  vinculados al escándalo financiero que involucró a la comisionista de bolsa Interbolsa se llevó a cabo ayer.

Hasta el momento, los administradores del Fondo Premium (FP) han  entregado cerca de $18.100 millones a los afectados.

De acuerdo con  Alexandra Ladino, fiscal delegada para el caso, a los siete sindicados se le imputaron  cargos por estafa agravada, administración desleal, manipulación y concierto para delinquir y captación masiva y omisión de reintegro.

“Para los dos últimos delitos no aplicará la detención domiciliaria y los imputados podrían pagar más de 15 o 20 años de prisión, para el caso de  captación masiva de dinero la multa podría llegar a 50.000 salarios mínimos legales vigentes” aseguró Ladino.

Richad Maluf si bien se presentó a la audiencia, se retiró de la misma justificando que se encontraba en un preacuerdo con la Fiscalía. Esto significaría que podría aceptar cargos y se convertiría en testigo del caso.

Sin embargo, el ente investigador valorara la importancia de dicha información y definirá si firma o no un preacuerdo con el empresario.

Por su parte, Eric Andersen y Víctor Maldonado decidieron no  asistir a la audiencia. Maldonado estaría buscando protección en el extranjero al considerar que se ha vulnerado su derecho al debido proceso y a su presunción de inocencia.  Su abogado Iván Cancino solicitó al juez que le permitiera estar presente vía skype pero este se lo negó.

“A Víctor le iban a imputar cargos por cinco delitos y la posición  nuestra es que administración desleal no puede haber porque el no era administrador del Fondo Premium, concierto tampoco porque con nadie se concertó y es importante resaltar que  el dinero que se le adeuda a todos los afectados está respaldado en todo su patrimonio y su familia”.

Sin embargo, Alejandro Revollo, liquidador designado para el Fondo Premium y que en abril deberá de tener listo el inventario de los activos de 28 sociedades colombianas e internacionales y de las 31 personas naturales, aseguró que el inventario preliminar muestra activos por  el orden de $516.837 millones y si bien la cifra sobrepasa  la cifra que se adeuda,  más de 50% de los recursos ($281.698 millones) son de difícil recuperación.

Maldonado no está siendo vinculado en el proceso actualmente al no presentarse, por lo que se deberá esperar a que  formule la imputación y sea adelantada la audiencia de medida de aseguramiento.

De acuerdo a la fiscal, las personas implicadas, tuvieron cargos e injerencia en distintas empresas vinculadas con el Fondo Premium. En el caso de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo tenían por mitades las acciones con derecho a voto, pero sin derecho a rendimientos de Premium y eran quienes participaban en la toma de decisiones de Premium.

“El contrato de corresponsalía que había sido Superintendencia Financiera  fue utilizado para utilizar acciones del fondo, captar recursos y trasladarlos a quienes más invirtieron las sumas de manera irregular y en contravía de las facultades legales  ” afirmó  Ladino.

Antecedentes
La Superintendencia de Sociedades mediante Auto 400-002649 de 16 de febrero de 2015 decretó la liquidación judicial dentro del proceso de intervención de las sociedades Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. y Premium Capital Appreciation Fund BV. La decisión expedida por la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia cobija a 26 sociedades más entre las que aparecen Andean Capital Markets S.A., Premium Capital Individual Portfolio Fund B.V., Compañía Colombiana de Capitales S.A.S, Helados Modernos S.A., Malta S.A, Las Tres Palmas Ltda., Torres Opal USA Corporation S.A.S., Cuama S.A. e Inversiones Jaramillo Botero; así como 31 personas naturales.

Las opiniones

Alexandra Ladino
Físcal delegada caso interbolsa

“Para captación masiva y omisión de reintegro no aplica la detención domiciliaria y los imputados podrían pagar mas de 15 o 20 años de prisión y para el caso de  captación masiva de dinero la multa puede llegar a 50.000 salaríos mínimos legales vigentes”.

Iván Cancino
Abogado de Víctor Maldonado

“A Víctor le iban a imputar cargos por cinco delitos y la posición  nuestra es que administración desleal no puede haber porque él no era adminstrador del Fondo Premium. El dinero que se le adeuda a todos los afectados está respaldado en todo su patrimonio y su familia”

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