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sábado, 4 de mayo de 2019

Fracking, impuestos a los textiles, Electricaribe y pensiones son algunos temas que preocupan.

Luego de cuatro días de intensos debates sobre las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, el Senado aprobó en cuestión de horas, con unos pocos ajustes, la totalidad del articulado del Plan de Desarrollo.

Su aprobación, que se sumó a la que horas antes había hecho ya la Cámara de Representantes, permitió que varios días antes de vencerse el plazo que tenía el Congreso para estudiarlo, el Gobierno cuente ya con un mapa dé navegación para lo que queda de su mandato.

Sin embargo, a medida que pasan las horas desde su aprobación, nuevas polémicas han ido surgiendo sobre su contenido. En algunas, incluso, el molesto es el propio Gobierno, que no alcanzó a atajar las iniciativas antes de su aprobación.

Estas son algunas de ellas:

*Autorización del fracking*

Las bases del Plan de Desarrollo contemplan la posibilidad de exploración y explotación de yacimientos no convencionales. La polémica la ha impulsado el hecho de que durante su campaña presidencial, Iván Duque, se comprometió a que no permitiría el fracking en Colombia.

*Aranceles para textiles*

El plan de desarrollo aumenta del 15% al 37,9% los aranceles a la importación de prendas que valen menos o igual a 20 dólares por kilo. Esta disposición molestó al propio ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, quien anunció que la demandará ante la Corte Constitucional, porque en su opinión la decisión de subir aranceles es del gobierno y no del Congreso, además de que la medida puede incentivar el contrabando.

*Electricaribe*

El Congreso aprobó una sobretasa a la energía para los estratos 4, 5 y 6, que pagarán cuatro pesos más por kilovatio para cubrir las pérdidas provocadas por la crisis de Electricaribe. Aunque algunos sectores criticaron la medida como una mala señal para las empresas extranjeras porque transfiere a los ciudadanos el costo de los estragos provocados por un concesionario del Estado, la bancada costeña en el Congreso la impulsó como una medida necesaria para poner en marcha unos servicios públicos eficientes en la costa norte del país.

*Cambios en las pensiones*

Hay cuatro artículos en el Plan de Desarrollo que la oposición buscó sin éxito que fueren eliminados. En especial, dos, uno que garantiza un piso mínimo de protección social a quienes tienen ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo, y otro que busca, a través del mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), garantizar ingresos para la vejez de quienes no alcanzan a pensionarse. Para la oposición, estos artículos sólo garantizan unos ingresos precarios para un sector de la población en su vejez.

*Reducción de IVA a combustibles*

La reducción del IVA a los combustibles del 19% a 5% también provocó polémica aunque esta reducción no tendrá incidencia en el costo final al consumidor ya que corresponde a unos valores internos y lo que se busca es un acercamiento a los precios internacionales de la gasolina y en general los combustibles líquidos.

*Vivienda rural*

El artículo 262 del Plan de Desarrollo transfiere el manejo del programa de Vivienda Rural al ministerio de Vivienda, lo que significa que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible ya no administrará el programa que le representaba cerca del 20% de su presupuesto.

*Puerto de Tribugá*

Este puerto sobre el Pacífico, previsto en el Plan de Desarrollo busca abrir un nuevo polo de desarrollo en Chocó, que se conectaría a través de carretera con el Eje Cafetero y el centro del país. Sin embargo, sus críticos aseguran que provocaría una catástrofe ambiental. Según Catalina Ortiz, Representante a la Cámara por el partido Verde: ‘‘Para hacer esta obra, es necesario hacer una carretera en medio de la selva pasando por la Serranía del Baudó, habría que destruir la mitad del manglar de Chocó y acabar con la visita de 1.500 ballenas al año’’.

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