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Germán Corcho Tróchez - gcorcho@larepublica.com.co miércoles, 11 de septiembre de 2013

Cuatro días después de su nombramiento en los cargos, los ministros de Minas y Energía, Amlikar Acosta, y de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, se toparon con una misiva del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien les advierte que deben darle solución a “tres situaciones”, tras la reapertura en julio del radicador web para la presentación de las propuestas de contratos de concesión minera.

Aunque la carta fue enviada a los anteriores ministros, Federico Renjifo y Juan Gabriel Uribe, los nuevos jefes de cartera deberán resolver las peticiones de Ordóñez.

La misiva del 9 de septiembre “llama la atención” acerca de la actualización y depuración del Catastro Minero Colombiano, la resolución del problema de la minería tradicional y la construcción de una imagen de transparencia e integridad, las cuales “deben ser priorizadas” por las carteras y la Agencia Nacional de Minería (ANM), la autoridad del sector.

Sobre la primera, el titular del ministerio público advierte que aún no se cuenta con los resultados de los trabajos de zonificación y ordenamiento de las áreas aptas para la extracción de recursos, y que la deficiencia ha sido enfrentada con mecanismos de coyuntura, como decretos y resoluciones que no son definitivos.

César Díaz Guerrero, director de la Cámara Colombiana de Minería, opina que Ordóñez hace anotaciones “muy importantes”, porque su llamado a los ministerios es en pro de que se haga de manera responsable y no se deseche una actividad que, de 2008 a 2012, produjo regalías por más de $8 billones. “Pide que no se ideologice el tema, y que las decisiones se tomen con base en estudios técnicos”.

Así mismo, Álvaro Pardo, director de Colombia Punto Medio, dijo que el Ministerio Público recalca a la autoridades ambiental que tiene “un atraso monumental” en la legislación. Y, agrega que es un error la reapertura de la ventanilla virtual, a falta de la terminación del catastro.

Díaz, por el contrario, sí está de acuerdo con la reactivación del radicador ya que se atraerán nuevas inversiones. También recalca que ya estaba listo y hacía falta para que dinamizara el mercado.

“Este país solamente ha sido explorado el 10%. Falta mucho más para saber qué hay en el subsuelo, y para ello se necesitan títulos mineros”, dijo.

Informalidad e ilegalidad
La segunda “situación” para la que Ordóñez pide prioridad, fue una de las causas del paro minero que hubo a mediados de este año: la resolución del problema de la minería tradicional. En este punto, conmina además a combatir “evitar” la filtración de intereses criminales que quieran camuflarse en la legalización y la contratación de la minería.

En otras palabras, para el director de la Cámara Colombiana de Minería, lo que se solicita es “un proceso de formalización mucho más efectivo”, que depure el sector. “Compartimos en gran parte lo que dice el Procurador”.

Mario Valencia Barrera, subdirector del Centro de Estudios del Trabajo, recuerda que las recientes manifestaciones se solucionaron, porque el Estado, precisamente, se comprometió a definir qué es minería ilegal e informal. “Es la muestra de que este Gobierno quiere un avance sin considerar que produzca beneficios y desarrollo”.

Por otra parte, “es cierto que organizaciones criminales se han metido, pero antes el Estado debe conocer a su minería. Y con lo informales, pensar en legalización que tenga éxito”, sostuvo Pardo.

Transparencia e integridad
El último asunto de la carta, es un mensaje directo a la Agencia Nacional de Minería (ANM), para que implemente medidas que faciliten el control interno y eviten “cualquier hecho sospechosos o irregular”.

Las opiniones

César Díaz Guerrero
Director de la Cámara Colombiana de Minería

“Las empresas que han actuado bajo la normatividad, deben tener seguridad jurídica por parte del Estado. En algunas circunstancias, hay preocupación, porque más que cambio de norma, lo hay de interpretación”.

Mario Valencia Barrera
Subdirector del Centro de Estudios del Trabajo – Cedetrabajo

“Es evidente que hay un afán del Gobierno por entregar en concesión lo poquito que queda sin titular. Y es grave, porque lo hace sin resolver los problemas de fondo, como la depuración del catastro”.

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