Néstor Humberto Martínez, fiscal General de la Nación. (Colprensa)
miércoles, 12 de diciembre de 2018
Ruta del Sol II y sus adiciones son los contratos centrales en el proceso
Una de las grandes incógnitas que surgieron con el anuncio que hizo la Corte Suprema al designar un fiscal ad hoc para el caso Odebrecht fueron las investigaciones en las que tendrá competencia el nuevo director de la investigación.
El senador Jorge Enrique Robledo, quién alertó sobre las incompatibilidades de Néstor Humberto Martínez, dijo que “la figura no será una verdadera garantía para estas investigaciones tan delicadas”.
Y no estaba mintiendo en la complejidad del asunto, según informó el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la multinacional Odebrecht habría pagado US$11 millones en sobornos para adquirir el contrato de infraestructura de la Ruta del Sol II. De esta serie consecutiva de irregularidades en temas de contratación estatal, se desprendieron cinco líneas de investigación que serían de conocimiento del fiscal ad hoc que designe la Corte Suprema de Justicia y que tienen más de 20 personas en indagación.
El primer caso es la contratación del consorcio Ruta del Sol. Según las autoridades, el exviceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García, recibió un soborno por US$6,5 millones para garantizar que el consorcio conformado por Corficolombiana y Odebrecht obtuviera el contrato de la Ruta del Sol.
Esta es la línea de investigación que más frutos ha cosechado. Gabriel Ignacio García fue condenado el 12 de diciembre de 2017 a cinco años de prisión. El funcionario aceptó los cargos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos. En indagatoria se encuentran tres directivos de Odebrecht y el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, está en proceso de juzgamiento.
LOS CONTRASTES
Jorge Enrique Robledo Polo Democrático Alternativo
“Lo que no ha dejado claro la Corte es el funcionamiento y las atribuciones del fiscal ad hoc. Esto es una pantomima, porque el nuevo fiscal no tendrá un grupo técnico de investigación independiente”.
El tercer caso es la adición del tramo Ocaña-Gamarra. Por colaboración del senador Otto Bula, Odebrecht consiguió una adición a este contrato. En este caso se pagaron US$4 millones. Bula fue capturado el 14 de enero de 2017 y responderá ante la Corte Suprema de Justicia. Según la Fiscalía, los pagos del soborno se realizaron con contratos ficticios, cuya cuantía ascendió a $65.000 millones. Estos fueron reportados por Jorge Pizano, auditor del proyecto. Otro de los implicados es el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade.
El cuarto caso es la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas. El consorcio implicado fue bautizado como Consorcio Canoas, conformado por Odebrecht y Cass Constructores. En este caso, la coima fue de $243.000 millones. El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno fue involucrado en la investigación.
La última línea busca destrabar las irregularidades de un préstamo por $120.000 millones que realizó el Banco Agrario al Consorcio Navalena (compuesto por Odebrecht). Por estos hechos, fueron acusados seis funcionarios del Banco Agrario.
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