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José Gregorio Hernández jueves, 27 de junio de 2013

Está visto que la consagración de la reelección presidencial para el período inmediato (Acto Legislativo número 2 de 2004), a ciencia y paciencia de la Corte Constitucional -que en ese momento sacrificó su independencia-, ha causado un enorme daño al ordenamiento jurídico colombiano, ha desvertebrado el sistema de frenos y contrapesos y ha distorsionado por completo la función propia de nuestros jefes de Estado.

En efecto, además de impedir la natural renovación en el Gobierno, lo cual implica también la facilidad para que las irregularidades y corruptelas que puedan tener lugar en el interior de la administración permanezcan ocultas por muchos años; aparte de concentrar un inmenso poder en cabeza del Presidente de la República y de convertir al Congreso en simple órgano subalterno y ejecutor de las decisiones gubernamentales, ha dado lugar a que otros altos servidores públicos -que deberían ser independientes-, como es el caso del Procurador General y del Defensor del Pueblo, quieran también ser indefinidamente reelegidos, con la muy posible tendencia a caer en la tentación de aprovechar -como es muy probable que lo hagan los presidentes, porque el mal ejemplo cunde- los instrumentos propios del poder que ejercen y hasta el sentido de sus decisiones para incidir en los procesos de postulación y de elección. Es decir, resulta inevitable la politización del ejercicio correspondiente, y ello genera, como es lógico, desconfianza en la imparcialidad del funcionario, en especial cuando se trata de órganos de control, pues toda sanción y toda absolución son vistas desde fuera -aunque en realidad no lo sean- como jugadas de ajedrez político, con el indicado propósito.

De otro lado, no es de extrañar, y ya lo hemos visto, que -ahora y en el futuro- los presidentes, en vez de dedicarse a gobernar y a cumplir las promesas de campaña, se entreguen a la búsqueda desaforada de la reelección y conviertan cada acto y cada decisión suya en un nuevo paso hacia ella. No será exótico que los cuatro años del período inicial se destinen por el mandatario a preparar el terreno necesario para ser reelecto, y buscará por todos los medios, en una campaña soterrada pero real, que comienza el día de su posesión, asegurar que todos sus colaboradores -y por supuesto los congresistas- se empeñen en el mismo propósito. Al principio, los presidentes no lo reconocerán, pero sus determinaciones los delatarán, de modo que, poco a poco, se irá haciendo explícito lo que desde el comienzo estaba implícito: que el presidente de turno quiere reelegirse, “no por egoísmo sino porque el período es muy corto y el país necesita que se ejecuten a cabalidad los programas de mi gobierno”. Como en la vieja cuña radial de nuestro amigo Jorge Antonio Vega: “...tarde o temprano su radio será un Philips”.

Claro está: no faltará alguna obra magnífica o algún proceso excepcional, o algún reparto de beneficios a las clases populares, que, si se cristaliza, haga pasar a la historia a ese presidente y, por lo tanto, “lo catapulte”, para decirlo en los términos de nuestros periodistas, hacia un segundo mandato.

En fin, la reelección todo lo distorsiona y todo lo contamina, siempre en perjuicio de la institucionalidad. Por eso insisto: es urgente un proyecto de reforma constitucional que prohíba la reelección en todos los cargos públicos en que se tenga capacidad de mando o decisión. El primero de todos: el de presidente de la República.

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