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Ana María Bedoya Jiménez - amabe2010@larepublica.com.co domingo, 13 de enero de 2013

 

En once años, el Gobierno Nacional ha pagado US$4,7 millones por concepto de asesores jurídicos nacionales e internacionales en el conflicto contra Nicaragua por el mar de San Andrés, ante el Tribunal de La Haya. Estos costos se pueden comparar con la construcción de 200 de las 100.000 viviendas gratis en una población del Huila, y hasta con el arriendo de 60 camiones compactadores de basura.
 
Haciendo un cálculo aproximado, se encontró que en promedio, los expertos contratados recibieron entre US$1.500 y US$11.000 mensuales por sus servicios, como remuneración por la realización de mapas, viajes a la zona, hasta los conceptos jurídicos. Para muchos, esta cifra no es tan amplia; sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata del pago a 22 asesores; entre abogados, asistentes, geólogos, cartógrafos y geógrafos, que valga la aclaración, no trabajaron los once años continuos, sino por periodos correspondientes a sus asesorías específicas.
 
Para algunos analistas, este dinero es ‘perdido’ junto con el mar de San Andrés. Para otros, independientemente de los resultados, son gastos de honorarios establecidos cuando de un litigio de esta envergadura se trata. El monto se divide en US$4,5 millones para 9 asesores internacionales; €9.000 pagados al jurista Luis Ignacio Sánchez; y $348.309.156, para 12 abogados colombianos, lo que según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, suman en promedio US$4,7 millones. Según la información suministrada por el Grupo Interno de Trabajo de Asuntos ante la Corte Internacional de Justicia de la Cancillería, este proceso contó con la asesoría de los más importantes abogados del mundo. 
 
Por ejemplo,en la primera fase del litigio participaron juristas internacionales con importante credibilidad, como el francés Prosper Weil (2001-2007), en ese momento, una de las autoridades en materia de delimitación marítima, fecha en que recibió US$586.397,04. El inglés Sir Arthur Watts, reconocido litigante ante tribunales internacionales devengó US$527.466 por su colaboración entre 2002 y 2008. Desde 2001, Stephen M. Schwebel, quien se desempeñó como juez de la Corte Internacional entre 1981 y 2000 y presidente de la misma de 1997 a 2000, obtuvo US$637.923,99, equivalente a US$7.594 mensuales, hasta 2007.
 
El colombiano
 
También se contó con la asesoría de Eduardo Valencia Ospina, el único colombiano que se ha desempeñado como funcionario en la Corte Internacional de Justicia, fue Secretario de la Corte durante 16 años y actualmente es miembro de la Comisión de Derecho Internacional. También es profesor de derecho internacional y asesor de varios Estados en casos ante la Corte. Fue asesor en el caso (2002-2012) y le fue cancelado un total de US$531.507,99. En la etapa de fondo, los abogados que litigaron ante la CIJ fueron el australiano James Crawford desde 2007 hasta 2012, en los cuales recibió US$490.782,71 es decir, US$6.816 mensuales. Crawford es profesor de derecho internacional de la Universidad de Cambridge y miembro de la Comisión de Derecho Internacional. Así mismo, el estadounidense Rodman Bundy, quien en este momento participa como abogado de Perú en el pleito que lleva contra Chile, en el cual el gobierno peruano pidió a la CIJ que fije un límite marítimo entre los dos países. El jurista es considerado uno de los expertos en delimitación marítima, es egresado de Yale y miembro de la firma Eversheds. En su participación en el litigio colombiano, Bundy devengó US$707.677,88 entre 2008 y 2012, convirtiéndose en quien recibió mayor dinero por sus servicios. El suizo argentino Marcelo Kohen prestó su asesoría por un monto de US$300.461,35. Es profesor de derecho internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del desarrollo en Ginebra, Suiza. 
 
Los datos de la Cancillería también revelaron que se contó con la ayuda del geógrafo Robert Smith, el cartógrafo Scott Edmonds y la geóloga Lindsay Parson, cuyas colaboraciones sumaron US$723.058.
 
La Cancillería aclaró que los asesores internacionales suscribieron contratos que se celebraron y ejecutaron en el exterior, “por lo cual en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, no se rigen por leyes colombianas. El alcance de esta disposición fue confirmada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-249 de 2004”. Dicho artículo establece “que los contratos celebrados en el exterior, se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia”. El organismo aseguró que la mayoría de los dineros ya fueron cancelados, únicamente quedan pendientes US$15.250 a James Crawford por concepto de su asistencia a la audiencia y el análisis jurídico del fallo. 
 
Internacionalistas locales
 
La Cancillería informó que también se contó con la participación  de expertos colombianos, cuyos honorarios sumaron $348,3 millones, más €9.000.Entre ellos, Rafael Nieto Navia quien recibió $8 millones por un concepto emitido en 2004, y Enrique Gaviria Liévano cobró $44 millones entre 2002 y 2004.
 
Además colaboraron  Germán Cavelier, que emitió concepto en 1996, Ricardo Vargas Taylor, Luis Ignacio Sánchez, César Francisco Moyano, Álvaro Tirado Mejía y sus asistentes, Patricia Elvira Quiroz y Franz Dieter Hensel. Los que terminaron el proceso fueron Andelfo García González quien estuvo en el caso en 2002, 2005, 2011 y 2012 y recibió $163,98 millones y Guillermo Fernández de Soto que laboró como coagente y suscribió un contrato de prestación de servicios durante el año pasado por valor de $69,6 millones.  Además de lo anterior, el proceso contó con el apoyo de Julio Londoño Paredes, quien se desempeñó como agente ante la Corte Internacional de Justicia. Cabe anotar, que los servicios de Londoño no requirieron contrato alguno y su labor no implicó ningún costo. 
 
Opinión
 
Guillermo Cáez, abogado experto inter nacionalista miembro de la firma Pardo Casallas, aseguró que los defensores se concentraron en las excepciones previas y no en el problema jurídico de fondo. “Al final era argumentarle a la Corte que el meridiano 82 no es un límite caprichoso, porque esas definiciones de islas e islotes en derecho internacional están definidas, sumado al hecho de haber ejercido soberanía sobre todo ese territorio”. Por su parte, el profesor Facultad de Jurisprudencia de la  Universidad del Rosario, Ricardo Abello, afirmó que la labor de los abogados fue buena y resaltó el trabajo de Kohen en la defensa de los cayos. Al respecto, Carlos Arévalo, profesor de derecho internacional de la Universidad de La Sabana, aclaró que aunque se enfocaron en puntos importantes, dejaron de lado el alegato a la Convención de Derechos del Mar. Reparó que en la defensa del litigio entre Chile y Perú, existe participación de académicos y Colombia no dio esa oportunidad. 
 
Recursos ante la CIJ
 
Luego del fallo, la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, se reunió con la firma inglesa Volterra Fietta para estudiar los recursos ante La Haya. 
 
Aunque la cifra de estos honorarios se conocerá en abril próximo, cuando se terminen el diseño de la estrategia, los expertos estiman que estarían en promedio entre US$400 y US$800 por hora. 
 
El profesor de la Universidad Externado de Colombia, Bernardo Vela, dijo por su parte que el único recurso es la aclaración y la revisión, pero es necesario que aparezcan hechos nuevos que no fueron conocidos en el proceso anterior.
 
Las opiniones
 
Guillermo Cáez
Abogado
Pardo Casallas
Los defensores de Colombia se concentraron en las excepciones previas y no en el problema jurídico de fondo. Al final era argumentarle a la Corte que el meridiano 82 no es un límite caprichoso y que se ejerció soberanía sobre el territorio.
 
Ricardo Abello
Profesor
U. del Rosario
Resalto la labor de Marcelo Kohen en la defensa de los cayos, las islas e islotes que quedaron en soberanía colombiana. No veo mayor reparo a la defensa misma bajo la perspectiva de la estrategia que utilizaron.
 
Carlos Arévalo
Profesor
U. de la Sabana
El Ministerio de Relaciones Exteriores debió darle participación a la academia, como lo hacen en otros litigios como el de Chile y Perú. Eso podría haberle aportado al proceso de Colombia contra Nicaragua. 
 
Juan Ramón Martínez
Experto Derecho Internacional
Ante la CIJ no cabe ningún recurso distinto al de revisión, no se puede demandar una sentencia, lo que se puede hacer es solicitar una aclaración con respecto a los aspectos que no estén claros y que requieren desarrollo.

 

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