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Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co miércoles, 7 de octubre de 2020

La juez, tras haber ratificado su competencia en el proceso, podrá decidir en la diligencia sobre la libertad del exmandatario

La juez 30 penal con función de control de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, citó la continuación de la audiencia para definir la solicitud de libertad hecha por el abogado del expresidente Álvaro Uribe, en el marco del proceso por presunto soborno de testigos y fraude procesal, para mañana 8 de octubre a las 9:00 a.m.

Esto, después de que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia resolviera que el proceso debe llevarse bajo la Ley 906 de 2004 (sistema penal acusatorio) y, por ende, la funcionaria judicial es competente para conocer la solicitud de revocar la medida de aseguramiento que pesa sobre el exmandatario.

Vale la pena recordar que durante la última citación que tuvo lugar, la juez declaró que consideraba que el proceso debía seguir bajo la Ley 906 de 2004, como ya habían manifestado el abogado del expresidente, Jaime Granados, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público. Es decir, la funcionaria se consideraba competente para conocer la solicitud de revocatoria de la medida privativa de la libertad elevada por el apoderado de Uribe.

Sin embargo, tras identificar la existencia de un conflicto entre las partes, elevó la decisión ante su superior jerárquico para que determinara bajo qué ley debía regirse el proceso.

El conflicto, vale la pena anotar, existía porque el abogado Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda, solicitó durante la primera citación que el proceso siguiera su curso bajo el sistema por el que inició en la Corte Suprema de Justicia, la Ley 600 de 2000. En ese mismo sentido, se habían pronunciado también el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, reconocidos como víctimas dentro del proceso.

Dirimido este conflicto, sin embargo, siguen las dudas sobre cuál será la etapa procesal desde la que se retomará el proceso en la justicia ordinaria, pues el Alto Tribunal no se pronunció al respecto.

Algunos abogados creen que el cambio de sistema penal debe conducir a que la investigación empiece desde cero, mientras que otros juristas consideran que debe mantenerse lo actuado hasta el momento.

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