Colprensa Viernes, 11 de octubre de 2013

El magistrado Carlos Arturo Jaramillo dio a conocer, durante la conferencia sobre ‘Actuaciones Judiciales Electrónicas’ en el Simposio Nacional de Jueces y Fiscales en el Club del Comercio, que la ley 1564 de julio 12 del 2012 obliga a los funcionarios públicos a atender a las inquietudes por medios electrónicos, ya sea teléfonos, e-mail, entre otros.

“Hoy en día ya no es posible para un ciudadano que le rechazamos, porque la demanda vino en un CD-Room o en una USB, o que la mandó por correo electrónico, la ley nos obliga que tenemos que aceptarlo y es lo que estamos socializando”, declaró el alto juez del Tribunal Contencioso Administrativo Contencioso de Risaralda.

Lo anterior, según Jaramillo, se sustenta en el capítulo cuarto del Código General del Proceso: “(Artículo 53) Los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos”. El artículo 54 también trata del tema: “Toda persona tiene el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá registrar su dirección de correo electrónico en la base de datos dispuesta para tal fin. Sí así lo hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio, a menos que el interesado solicite recibir notificaciones o comunicaciones por otro medio diferente”.

El funcionario indicó que la utilización de los medios electrónicos en la justicia se dio a partir de la expedición Código Contencioso Administrativo del Código general del Proceso y del Nuevo Código Laboral.

Por eso es válida la utilización de correo electrónico, el expediente digital electrónico, las audiencias electrónicas, las videoconferencias, las video audiencias, las audiencias digitalizadas, entre otros mecanismos.

Aunque el magistrado Carlos Jaramillo no indicó en qué medida se ha avanzado en la rama judicial de Risaralda en la implementación de medios electrónicos, resaltó la adopción de WI-FI en el Palacio de Justicia de Pereira para que los abogados puedan trabajar. “Eso ya es un avance”.

Algunos trabajos elaborados por especialistas sobre la implementación de medios virtuales en la justicia colombiana, sin embargo, han concluido que la utilización de las herramientas todavía no opera de manera ideal en comparación con países como Argentina, como ocurrió en el caso de la tutela electrónica.

“Tal vez por la misma desconfianza que genera la utilización de los medios informáticos, como es la falta de relativas garantías en la fidelidad en el intercambio de la información o la misma intangibilidad del documento, crea desconfianza para su uso pleno”, conceptúan.