Colprensa Viernes, 26 de septiembre de 2014

Un verdadero ‘choque de trenes’ surgió entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, luego de que el primero hiciera una seria crítica a la segunda sobre el fallo que puso freno a las megapensiones de congresistas y magistrados al fijar un tope de 25 salarios mínimos legales.

Como informó Colprensa, en decisión conocida este jueves, el Consejo de Estado indicó que “ninguna facultad constitucional o legal existe para que el juez constitucional decida por sí y ante sí, que el concebido valor de las prestaciones discutidas en esta clase de procesos sea de 25 salarios mínimos legales vigentes y a partir del 1 de julio de 2013”.

Este viernes, la presidenta del Consejo de Estado, magistrada María Claudia Rojas Lasso, explicó que la decisión de la Corte Constitucional es contradictoria pues dice una cosa en sus consideraciones y otra en el resuelve.

“El Consejo de Estado lo que hizo fue precisar el alcance de la sentencia de la Corte por la contradicción (…) Haciendo estudio de las normas lo que se hizo fue precisar el alcance del fallo de la Corte que fue contradictorio”, indicó la magistrada en varios medios.

La jurista indicó que “no se trata de legislar a favor de nosotros mismos” ni de revivir las megapensiones, sino que se trató de precisar la sentencia porque en la parte motiva se indicó que no se iba a referir a los regímenes especiales, entre ellos el de la Rama Judicial en el Decreto 546 de 1971, pero en la resolutiva lo hizo.

Esto ha llevado, indicó la magistrada Rojas Lasso, a que haya confusión entre las entidades encargadas de pagar las pensiones. Además, indicó que el reciente fallo del Consejo de Estado aplicaría máximo a 50 personas, y no va a producir una avalancha de reclamos de exfuncionarios por megapensiones. “Nosotros mirábamos cuantas personas podrían ser beneficiarias con este fallo, que es de unificación, y no es volumen muy alto. No llega ni a 50 personas”, dijo la magistrada Rojas Lasso al indicar que se tienen que verificar múltiples requisitos para conceder las pensiones.

Igualmente, la jurista defendió la capacidad del Consejo de Estado de interpretar la decisión de la Corte Constitucional en razón de la contradicción que evidenció en la sentencia C-258 de 2013 que tumbó las megapensiones.

La decisión que provocó la polémica, es de la Sección Segunda del Consejo de Estado y con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren.

Dicha decisión, de 36 páginas, dice expresamente: “la Sentencia C-258 de 2013 ya citada, en la ratio decidendi del pronunciamiento, excluyó de su objeto a los regímenes especiales, entre ellos, el contemplado por el Decreto 546 de 1971, para luego en forma discordante, cobijarlo en el decisum, respecto a un elemento sustancial del mismo régimen”.

Esto, dice la Sentencia, “configura una contradicción, que debe ser interpretada por el fallador, en este caso, el Consejo de Estado, pues no es posible que el propio fallo guardián de constitucionalidad, en su ratio exprese una esfera de afectación de la decisión y al mismo tiempo, al consumar esa decisión, se contradiga desbordando la ratio expresada. Con este argumento, la Sala entiende, que el acatamiento de la Sentencia C-258 de 2013, supone reconocer su relevancia e interpretar sus efectos en el mundo de lo jurídico, indicando un juicio de interpretación”.