Para nadie es un secreto que las tecnologías de la información avanzan a un ritmo mayor que el de la regulación, lo cual dificulta la gestión tanto del regulador como la de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de dicha regulación, para poder responder de manera adecuada a los retos que impone el desarrollo tecnológico, sin que por ello tenga como afecto la limitación de la innovación.
Lo anterior es aun más evidente en la aplicación de las normas de protección de la libre competencia, en donde la dinámica de la competencia en los mercados tecnológicos desafía muchos de los principios y criterios desarrollados por las autoridades encargadas de velar por la libre competencia. Así, es relevante cuestionarse si los postulados o criterios vigentes que aplican las autoridades de competencia resultan adecuados e idóneos para proteger a los competidores, usuarios, anunciantes, y en general, a todos aquellos que a través del Internet desarrollan su actividad económica o que tan solo realizan simples transacciones comerciales, tales como la compra de algún artículo de consumo, o la realización de una reserva hotelera o la compra de algún contenido en línea.
En la actualidad, en materia de la dinámica de competencia que se desarrolla en Internet, las autoridades de competencia están entre la posibilidad de asumir una aproximación flexible y creativa, teniendo en consideración que todos los días los cambios tecnológicos le imponen retos a la aplicación de la normatividad y regulación vigente, o darle aplicación estricta y rígida a las normas, con el riesgo de frenar el desarrollo tecnológico y la libre iniciativa privada en la red. Bajo esa consideración, resulta muy interesante hacer mención al caso de las investigaciones en contra del gigante Google que se está adelantando en varias jurisdicciones por la presunta realización de prácticas anticompetitivas en el mercado de motores de búsqueda. Autoridades de competencia en Europa, Estados Unidos, Argentina entre otras jurisdicciones, han o están adelantado investigaciones en contra de Google por considerar que algunas de sus actuaciones habrían lesionado las normas que protegen la libre competencia. Entre los principales cuestionamientos, se encuentran: el creciente dominio de Google en el mercado de los motores de búsqueda favorece el fortalecimiento de su integración vertical en negocios en otros ámbitos relacionados con el Internet y el supuesto tratamiento injusto que Google ejerce sobre anunciantes al limitarles su derecho para publicar publicidad en otros motores de búsqueda rivales.
A juicio de algunos, Google ha estado valiéndose de su posición de dominio en el mercado de motores de búsqueda para desarrollar y fortalecer otros negocios relacionados con el Internet, con lo cual limita la libre elección de los consumidores, quienes al hacer la búsqueda en Google tendrán como resultado los sitios de Internet que Google arroja y sobre los cuales tiene participación económica. Así por ejemplo, algunas voces critican la posibilidad de que Google adquiera negocios de Internet, puesto que en desarrollo de los servicios de motor de búsqueda, favorece sus propias líneas de negocio en detrimento de las de sus rivales. Así, argumenta los críticos, sería fácil predecir un futuro en el que las preferencias de los usuarios y la calidad de las ofertas podrían ser menos importantes e influyentes que el poder demoledor que Google podría ejercer en Internet.
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