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Jorge Eliécer Ballesteros Jueves, 19 de diciembre de 2013

Sobre el alcalde Petro Urrego cayó la espada de la inequidad que pendía sobre su cabeza desde el mismo momento en que se atrevió a rescatar, en gran medida, el servicio público de recolección de basuras, que se había entregado como negocio altamente lucrativo al sector privado, incluyendo el reciclaje que fue asumido por los hijos del ex presidente Álvaro Uribe, con grave perjuicio para miles de trabajadores recicladores que, impotentes frente al poder, se vieron abocados a la indigencia, al menosprecio y a la exclusión social extrema, situación que ameritó un fallo de la Corte Constitucional que el Alcalde Petro acató, para disgusto de los intereses monopólicos de los empresarios y de los privatizadores de toda laya.

Un servicio público debe satisfacer necesidades sociales y laborales, pero nunca ser fuente de lucro desmedido porque se desvirtúa su naturaleza y su función social, tal como sucedió con la salud y los servicios públicos domiciliarios, sometidos a los carruseles de la privatización y de la corrupción. 

Precisamente, a esto se enfrentó Gustavo Petro y por ello se le castiga hoy con la destitución, agravada con la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años, porque supuestamente violó los principios de “libertad de empresa y de competencia”, falacia que no logra ocultar las orejas de burro de la persecución política subyacente  de esta decisión inquisitorial de la Procuraduría.

En efecto, somos muchos los que consideramos que el proceso adelantado desbordó el ámbito disciplinario y configura, de manera indiscutible, una persecución política contra el Alcalde y lo que él representa en la órbita de los movimientos políticos alternativos.  Distinguidos intelectuales y gente de la cultura, juristas notables, organizaciones sociales y políticas, miembros del Congreso y de corporaciones públicas locales, incluso desde la Mesa de negociaciones de la Paz en La Habana, han manifestado su desacuerdo y han puesto en evidencia los propósitos turbios del proceso. Más aún, la ausencia de plenas garantías procesales, ha sido denunciada recientemente ante la Corte Interamericana de Justicia.

Es falso que la ciudadanía bogotana esté insatisfecha con el nuevo modelo de recolección y tratamiento de las basuras, que hoy tiene una cobertura del 52% de operatividad por parte del Distrito Capital, además de garantizar el derecho al trabajo de los recicladores. 

Los buenos resultados de este esquema y los avances logrados en la reducción de la segregación social y de la inseguridad ciudadana, entre otros de gran importancia, se traduce en apoyo de amplios sectores de la ciudadanía que están dispuestos a manifestarse en las plazas y demás espacios públicos de la Ciudad, para defender la gestión que se viene cumpliendo.

Por todo lo anterior, resulta legítimo y oportuno que en la hora actual se refuerce el acompañamiento al Alcalde Petro, mediante pronunciamientos ciudadanos y de las organizaciones sociales y políticas, para que la persecución política sea conjurada y, en cambio, se garantice un ambiente favorable para el avance de los programas de la Bogotá Humana que queremos.

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