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Colprensa lunes, 14 de enero de 2013

Por haber omitido sus funciones en la protección, vigilancia y cuidado de los habitantes del municipio de La Gloria (Cesar), el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar 1.126 millones pesos luego de declarar responsables a los ministerio del Interior y de Defensa, al igual que al Ejército y Policía Nacional, en los citados hechos.

Los hechos materia de investigación tuvieron lugar el 14 de febrero de 1996, cuando aproximadamente 40 paramilitares acompañados del administrador de la hacienda Bellacruz, se presentaron en cada una de las parcelas, y amenazaron a sus ocupantes dándoles un plazo de cinco días para desalojar el lugar, situación que generó el éxodo de 280 familias, quienes se vieron obligadas a abandonar sus casas y lugares de trabajo.

Según el alto tribunal “resultó evidente que tanto el Ejército como la Policía Nacional no adoptaron las medidas pertinentes para prevenir o para contrarrestar la ofensiva del grupo paramilitar pese a que fue puesto en su conocimiento tal situación”.

En ese sentido la corporación judicial indicó que el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional contaban con un número superior a 130 uniformados en esa región; de manera tal que a pesar de tratarse de un hecho previsible no se adoptaron las medidas pertinentes para prevenir o para contrarrestar la ofensiva.

Entre tanto, durante el proceso se logró establecer que las familias desplazadas habían llegado en 1989 pacíficamente a ocupar varios lotes de terreno de la hacienda Bellacruz en el municipio de La Gloria y Pelaya, en el Departamento del Cesar. Allí se crearon varias veredas que fueron reconocidas por la Secretaría de Gobierno y se explotaron económicamente por los demandantes.

“Las pruebas documentales relacionadas anteriormente dan cuenta de que un grupo numeroso de miembros de una organización al margen de la ley, incursionó el 14 de febrero de 1996 en la Hacienda Bellacruz –a cuya ubicación se ha hecho referencia–; en dicha actuación el grupo ilegal sembró el terror entre las cerca de 280 familias campesinas que ocupaban algunos predios de dicho inmueble, las amenazó para que los abandonaran, quemó y destruyó sus viviendas, cultivos, animales, etc., lo cual condujo al desplazamiento forzado de muchas personas”, agrega el fallo del Consejo de Estado.

Por último, el Consejo de Estado le hizo un llamado de atención al Estado según el cual “la magnitud del ataque, ameritaba medidas estatales serias, que de manera contundente y eficaz hubieren impedido o confrontado la incursión paramilitar en la región”.

Dicho llamado se hace con el argumento de que “las acciones del grupo armado ilegal fueron conocidas por el Estado, pues el grupo paramilitar además de haber hecho pública la amenaza de tomarse los predios que ocupaban los campesinos, atentó contra la vida e integridad de los mismos y, en todo momento, las familias desplazadas estuvieron informando y solicitando de las autoridades civiles, militares y policivas que operaban en esas localidades y de los organismos nacionales, la protección efectiva para su vida y bienes”.

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