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viernes, 13 de agosto de 2021

Así mismo, se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria en contra de la Unión Temporal por la suma de hasta $ 39.000 millones

Luego de confirmarse la caducidad del contrato por $1,07 billones entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación con Centros Poblados, la ministra Karen Abudinen anunció que desde hoy mismo requerirá el regreso del valor total del anticipo del contrato.

“A partir de hoy y en el marco de la liquidación correspondiente se requerirá al contratista para que haga la devolución de los $70.000 millones del anticipo”, dijo la funcionaria.

La ministra agregó que “avanzamos en el ‘Plan de Choque’ para revisar las bodegas y los colegios donde se encuentra la infraestructura tecnológica, para hacer un levantamiento y corroborar el plan de inversión del anticipo”.

En ese sentido, ahora la supervisión, por orden de la ministra, pasó a cargo del viceministro de Conectividad, Walid David. El funcionario detalló que el ministerio ha visitado las bodegas y los colegios donde se encuentran los equipos adquiridos para conectar los Centros Digitales correspondientes al contrato caducado.

Caducamos el contrato 1043 de 2020 de la Unión Temporal Centros Poblados, la sanción más contundente en materia de contratación estatal. Con esta decisión, cesan HOY todos los contratos de los miembros de la UT vigentes con el Estado. #LaMinTICResponde pic.twitter.com/QXaohV9Bkl

— Karen Abudinen (@karenabudi) August 13, 2021

Por otro lado, la ministra Abudinen anunció que se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria en contra de la Unión Temporal por la suma de hasta $ 39 mil millones.

En la decisión del Ministerio también se contempla inhabilitar a los contratistas para contratar con el Estado colombiano.

“Los contratistas que conforman la Unión Temporal quedan inhabilitados por 5 años para contratar con el Estado, y cesan automáticamente los contratos que tengan vigentes con cualquier entidad del Estado”, comentó Abudinen.

La Unión Temporal Centros Poblados está integrada por la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S.

De igual manera, se compulsará copias a los entes de investigación para que adelanten las investigaciones pertinentes.

“Denunciamos de manera inmediata ante la Fiscalía General de la Nación para que iniciara las investigaciones pertinentes (…), para que a la mayor brevedad se den resultados contundentes frente a estos hechos tan bajos y despreciables para la Nación”, precisó la jefa de la cartera TIC.

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