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Natalia Arteaga - narteaga@larepublica.com.co miércoles, 13 de agosto de 2014

Sandra Morelli, contralora General de la República, podría pagar entre 15 y 20 años de cárcel si se le encontrara culpable de los delitos de peculado y celebración indebida de contratos por trasladar su sede. Los cargos por dichos delitos se los imputaría la Fiscalía en la próxima semana. Además de esta condena, la Auditoría General le está pidiendo cuentas por $75.000 millones.

Decidir que en vez de reparar la Torre Colseguros iría a pagar $2.600 millones mensuales de arriendo, parecería ser, en este momento, una mala jugada de la funcionaria.

Son varias las preocupaciones que Morelli debe de tener en este momento, pues además de que en la ‘nuca’ le respira una condena bastante abultada, las salidas del país, mientras se esclarece la situación, quedarían suspendidas. Su ‘bolsillo’ no quedaría invicto, porque la auditora, Laura Marulanda, ha sido clara en que pedirá, de hallarse culpable, el resarcimiento del daño económico.

El pleito de carácter administrativo ya toma ‘tinte’ penal.

En entrevista con LR, Marulanda había advertido que Morelli habría violado El Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) que explica que antes de sellar cualquier contrato compraventa de bienes inmuebles u otros, hay que planear y realizar estudios que fundamentaran la decisión, en este caso, de trasladarse de sede. “Morelli, sustentó el proyecto de cambio de sede en un estudio de salud ocupacional que no es suficiente para determinar que Colseguros no era un lugar apto para trabajar, eso ha debido demostrarlo con un documento más serio, en el cual alguna firma confirmara que el edificio era inhabitable”.

Del incumplimiento con dicha ley vendría el delito de celebración indebida de contrato, explica Francisco José Sintura, ex vicefiscal general de la Nación. El diario se comunicó con la Fiscalía para esclarecer la situación de la funcionaria, pero en el ente de poder judicial insisten que aún no se han establecido los delitos y que apenas van a solicitar mañana la audiencia de imputación de cargos. El trámite deberá hacerlo ante el Tribunal Superior de Bogotá, como lo señala la ley 906 de 2014, según Sintura, quien además asegura que a la funcionaria la juzgaría la Corte Suprema de Justicia.

Frente a las actuaciones que tomaría el órgano liderado por Eduardo Montealegre, Morelli dijo que “ creo que si el señor Fiscal pudiera pedir que me mataran, o matarme, lo haría. Así que nada es exagerado, yo espero cualquier cosa”.

Las declaraciones dadas por la funcionaria no sorprenden porque desde que se abrió el caso ha venido hablando de una persecución orquestada entre la Fiscalía y la Auditoría para acabar con su carrera.

Por los delitos de los que se le acusaría, Morelli podría ser condenada a unos 15 años de prisión, claro que podría reducir la pena a unos ocho años por buen comportamiento, estudio, trabajo y por aceptación de cargos, dice Abelardo de la Espriella, abogado penalista. “La contralora tendrá que acatar lo que decida la justicia, así como en muchas ocasiones se cumplieron, las que ella emitió durante su periodo de ejercicio en el órgano de control”.

Para Otoniel Camargo, experto en derecho penal, por tratarse de una funcionaria pública que debería velar por los intereses de la población, se le debería juzgar con mayor rigurosidad, y la pena de acuerdo con el especialista podría ‘rayar’ los 20 años. En cuanto a la sanción económica, Camargo asegura que rara vez se llegan a cancelar, ya que por lo general, los implicados señalan no contar con los recursos suficientes para cubrir estas sanciones. “Estas acusaciones son más de corte simbólico, porque a la hora de embargarlos por lo general las propiedades no alcanzan a cubrir los montos y si les embargan los sueldos (cuando no hay cárcel), por la edad y porque la acción no se puede dar sobre 100% del ingreso, no alcanzan a pagar”.

Antecedentes
La Procuraduría General de la República pidió tumbar el auto del pasado 7 de julio, en el que la Auditoría General formalmente abrió proceso de responsabilidad fiscal por un total de $7 millones que tendría que pagar por utilizar dineros públicos para tanquear su carro personal.

La petición de la Procuraduría tiene como argumento principal que dicho auto de cargos “contiene una terminología, o está escrito de forma tal, que no conserva la presunción de inocencia y que implica ya una responsabilidad a pesar que el proceso está en curso”.

Morelli está siendo investigada por el caso de dos vehículos tanqueados con cargo a la Contraloría.

Las Opiniones

Abelardo de la Espriella
Abogado penalista

“El peculado es un delito gravísimo y de ser condenada podríamos hablar de unos 15 años de prisión. En ese contrato por el que la están investigando, presuntamente, se violó la planificación y se pagaron más dineros de los pactados inicialmente”.

Francisco Bernate
Abogado experto en derecho penal

“Por los delitos de los que sería acusada, Morelli podría ser condenada a unos 15 años de prisión, claro que podría reducir la pena a unos ocho años por buen comportamiento, estudio, trabajo y por aceptación de cargos”

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