Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

Colprensa lunes, 20 de marzo de 2017

La alerta la lanzó el representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, luego de examinar los avances en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc.

Porque el riesgo de no cumplir con los parámetros internacionales puede provocar que la Corte Constitucional tumbe apartes de leyes y reformas a la Constitución que son absolutamente necesarias para avanzar en el proceso y dar tranquilidad a las partes, incluyendo a los 7.500 insurgentes que ya empezaron a dejar las armas.

La primera preocupación pasa por cómo quedó en el Congreso el marco legal aplicable en materia de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas militares o de la policía, por no cumplir con los estándares internacionales sobre responsabilidad del superior y del mando, y dar vía así a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cuestione lo aprobado.

La segunda alerta se da por la aprobación de una Ley de Amnistía que, para las Naciones Unidas, es muy amplia y desborda lo que en criterio internacional define una amnistía e indulto. Porque no se otorga solo a quienes estén procesados o hayan sido condenados por rebelión y por delitos políticos, sino que agrega la posibilidad de dar libertades a todos aquellos que estén presos hace más de cinco años, tanto guerrilleros como militares, por cualquier tipo de delito, así sean graves violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, Howland estima que quienes estén condenados deben tener otra ley y que se necesita otra más para quienes quieran postularse a la Jurisdicción Especial de Paz, que deje en claro cuál sería el procedimiento, las condiciones y los compromisos que estas personas deberán cumplir.

“Debe tener condiciones para la gente que va a salir de la cárcel de la fuerza pública, del Estado, de las Farc, que estén siendo investigados por violaciones y crímenes de derechos humanos. Estas personas van a salir y deben tener condiciones muy fuertes sobre cómo van a participar en el sistema de justicia transicional, sobre acciones de reconocimiento, de reparación”, explicó Howland.

Para el representante, además, esa Ley de sometimiento a la JEP debería establecer los controles efectivos de las autoridades a esas personas que quedarán en libertad, hasta el efectivo inicio de cada uno de sus procesos en dicha justicia especial. Se trata, por el lado de la Fuerza Pública, de al menos 817 militares, según anunció el Ministerio de Defensa; así como de un aproximado de 1.200 guerrilleros condenados. Para las Naciones Unidas al menos, debió ser una entidad independiente e imparcial la que hiciera esa postulación y no las partes.

Otro elemento esencial que se destacó en el Informe Anual es que ambas partes deben hacer explícito reconocimiento de los crímenes que cometieron, sin ambigüedades, de las afectaciones de los derechos de un universo de víctimas que supera los ocho millones de personas, seguido de un trabajo conjunto para garantizar que estos casos no van a volver a suceder.

“Amplios sectores oficiales y políticos aún niegan que agentes del Estado hayan perpetrado graves violaciones, incluso en los casos en que el Presidente ha reconocido oficialmente la responsabilidad del Estado. Garantizar que el reconocimiento tenga un efecto reparador para las víctimas es uno de los retos políticos, legales y culturales transcendentales del proceso de construcción de paz”, señala el informe.

Por esa razón, las Naciones Unidas llamaron tanto al Gobierno como a las FARC a preservar archivos sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas, a pesar de que en el Acuerdo nada se dice en ese sentido con respecto a las FARC, y a hacer una “depuración de funcionarios públicos” vinculados estos casos.

Howland le explicó a Colprensa que, por ejemplo, en el fenómeno conocido como de los ‘falsos positivos’, por los cuales la Fiscalía avanza en 2316 investigaciones y ya hay 133 condenas, se evidenció que había un pago de recompensas o entrega de beneficios a militares que reportaron como bajas insurgentes a civiles inocentes.

“Esa gente debe reembolsar al Estado y salir del servicio activo porque no tomaron las razones necesarias para evitar y prevenir estas violaciones y, para nosotros, es importante que haya esfuerzos concretos para tratar el pasado de manera efectiva. Hay que tratar el pasado incómodo. Hay un pasado incómodo para la Farc y el Gobierno y este el momento para hablar franco”, señaló.

Su conclusión es una sola: “la justicia transicional no es un regalo” y los beneficios de la misma deben ganarse con trabajo en favor de los derechos de las víctimas.

No alterar el acuerdo

Para las Naciones Unidas lo fundamental es que las leyes que se aprueben para implementar el Acuerdo conserven lo allí pactado y que no se ‘cuelen’ intereses externos, poderosos, en un proceso que ya, en sí mismo, es muy complejo.

La senadora y precandidata presidencial Claudia López aseguró que el Congreso terminó aprobando la Jurisdicción Especial para la Paz con diferencias inexplicables de trato para los militares, sobre las Farc, en el espinoso tema de la responsabilidad de mando, que implicó una serie de críticas de los uniformados ya retirados.

Señaló que los textos aprobados lo que buscan es hacerle ‘conejo’ al Estatuto de Roma, porque se agregaron criterios para definir la responsabilidad de mando por omisión, inexistentes en el derecho internacional.

“El Gobierno no incluyó la responsabilidad de mando de las FARC porque si lo incluía quedaba en evidencia un tratamiento desigual y más favorable a los agentes del Estado”, dijo. El texto de la guerrilla dice que regirán el código penal colombiano, el marco legal de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, mientras no pasa lo mismo con los militares.

“Para los militares so lo se regirá código penal colombiano y el DIH si aplica conforme a los manuales operativos de la fuerza pública. Es un doble conejo. Flaco favor les hace el presidente a los militares prometiéndoles algo que no puede prometer”, aseguró.

Por su parte, el jefe guerrillero Carlos Antonio Losada enfatizó que en La Habana se construyó un sistema de justicia para cerrar más de 50 años de conflicto que puso en el centro los derechos de las víctimas y las posibilidades reales de acabar con la impunidad.

En ese sentido, dijo que las Farc sí cumplirán con el compromiso pactado para aportar verdad, para restablecer los derechos de las víctimas “y, por supuesto, de asumir las responsabilidades”. Para esto, explicó Losada, se pactaron una serie de principios que debían regir ambas partes, simétricos, diferenciados pero equivalentes, principios que se estarían alterando en el Congreso.

“Por eso, cuando se presentaron textos que de alguna manera alteraban esos principios, hemos llamado la atención en el sentido en que, por favorecer, por ceder a presiones, se pone en riesgo la seguridad jurídica en las partes de la implementación del acuerdo y por eso llamamos que para en el desarrollo normativo de los acuerdos sea respetado el espíritu, para no se vulnere el trabajo de filigrana de La Habana”, señaló.

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.