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  • Juan Esteban Ugarriza

domingo, 7 de octubre de 2012

De igual forma resultaría innegociable una salida que otorgue beneficios políticos desproporcionados a uno sólo de los actores.

Es el desafío de los negociadores de parte y parte llegar a unas formas que resulten aceptables y legítimas para todos, y no abran la puerta a un nuevo ciclo de violencia. ¿Qué es negociable en un proceso de paz? Existe una serie de elementos técnicos negociados en aproximadamente 83 procesos de paz en el mundo desde 1989 que son referente de lo que en otros lugares del mundo ha sido legítimo pactar. Entre ellos se encuentran condiciones para la reintegración económica y social de los ex combatientes, beneficios legales, comisiones de verificación, atención a refugiados y desplazados, amnistías, comisiones de verdad y reforma a las fuerzas armadas. Ya en el terreno de la agenda política, los temas de discutidos en estos procesos incluyeron la conversión de los rebeldes en grupo político, reformas electorales, autonomías locales, acuerdos de poder compartido, proyectos de desarrollo regional y reformas constitucionales. Las experiencias de procesos anteriores sirven como referente para entender el amplio menú de temas de negociación de los que es posible hallar antecedentes. En el caso de la agenda pactada entre el gobierno colombiano y las Farc encontramos un reconocimiento abierto de la necesidad de introducir fórmulas de justicia transicional como alternativa a la judicialización ordinaria de los delitos cometidos durante el conflicto armado. Llama la atención en particular que, hasta ahora, las partes han optado por la no discusión de amnistías, y sí la de una comisión de la verdad y conversión de rebeldes en movimiento político. Por un lado, la fórmula que sea consensuada en la mesa de negociación para desarrollar la comisión de la verdad tiene claros límites e imperativos para el logro de un acuerdo aceptable y legítimo simultáneamente para los actores armados, víctimas, ciudadanía y comunidad internacional. Es decir, en términos de justicia y derechos humanos, no todo es negociable con las guerrillas. Tales límites, consagrados en la Constitución colombiana, los convenios y protocolos de Ginebra, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, exigen que se respeten los derechos individuales y colectivos, sociales, políticos y económicos, tanto de los ciudadanos afectados sólo de manera indirecta por el conflicto como para víctimas y aún victimarios. Adicionalmente, la agenda pactada entre el gobierno colombiano y las Farc hace un énfasis especial en los derechos políticos de los ex combatientes. Tales derechos han sido considerados de forma diferente en los procesos de desmovilización colombianos de finales de los ochentas y principios de los noventa, y las negociaciones con los grupos paramilitares en este siglo. La posibilidad de una reintegración política colectiva, y no sólo individual de cada ex combatiente para convertirse en ciudadano de una democracia, sin duda plantea un desafío de equidad frente a víctimas y otros ciudadanos.
 

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