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Alberto José Naranjo Lunes, 2 de diciembre de 2013

Con la reglamentación este año de la Ley 1581 de 2012 de Habeas Data muchas de las instituciones que hacían uso de alguna información en bancos de datos o archivos públicos o privados han tenido que ajustarse a los nuevos requerimientos con el fin de seguir haciendo uso de dicha información. 

Cuando las personas de a pie intentamos entender e interpretar la Ley y su Reglamentación lo primero que sentimos es orgullo patrio por el nivel de sofisticación en la protección a la autodeterminación informática de todos los colombianos. 

Como ciudadanos tendremos la tranquilidad que nuestros datos “privados” no estarán siendo utilizados por terceros que buscarán sacar provecho de ellos, por ejemplo, intentando vendernos productos que no queremos. 

El bien individual y privado ha salido nuevamente ganador. Pero lastimosamente, la Ley no toca solamente al bien privado sino también al bien público. Si, es cierto que las empresas comerciales dejarán de utilizar nuestra información, pero también lo harán las organizaciones o entidades sin ánimo de lucro que como las universidades utilizarían la información en pro del bien público a través de su investigación e innovación, motores claves para el desarrollo de nuestro país.

Sin lugar a dudas los abogados que lean este análisis sacarán pecho por esta nueva regulación. Es un ejemplo mundial. Y en verdad lo es. Ni los países más desarrollados del mundo, quienes nos llevan años luz en respeto a derechos humanos o en sistemas educativos de calidad, se dan el lujo de tener semejante Ley y Reglamentación que inhibe el uso de información en pro de la investigación o la innovación. 

Pero en que garrafal error hemos caído. Si, error, leyó bien. O es qué acaso no es una equivocación sacrificar el bien público por proteger lo privado. Para citar un ejemplo, en Suecia los investigadores tienen acceso, a través de ciertos mecanismos, a los microdatos -nuestros como cédula de ciudadanía- y con estos han sido capaces de entender mejor su mercado de trabajo y la relación entre el sistema educativo y su sistema productivo, entre muchos otros problemas con que se enfrenta una sociedad. 

Para mejorar debemos ser capaces de conocer lo que individualmente estamos haciendo y utilizar esta información para generar mejores políticas públicas que apoyen esa sociedad que queremos.

Una vez más creemos que el mejor camino para avanzar en el desarrollo y disminuir la brecha que tenemos con los países más avanzados es sacando pecho en la defensa de la privacidad de nuestros ciudadanos, en lugar de pensar no solo en eso sino en cómo podemos utilizar esta valiosa información con el fin de mejorar las políticas públicas a través de la investigación y la innovación. 

Y es que suena muy bonito eso de la protección a la autodeterminación informática, pero ¿se imaginan lo que tendrán que hacer todas las instituciones que en algún momento recogieron información de un ciudadano para poder hacer uso de ella nuevamente? 

Pues la respuesta es obvia: quienes tengan tiempo y dinero -o les cueste mucho no hacerlo- lo gastarán recogiendo la debida autorización del ciudadano, y quienes no, deberán botar a la basura dicha información, o mejor, archivarla en prisiones de datos por los siglos de los siglos. No importa cuán importante sea dicha información para el desarrollo, la investigación, o la innovación. 

Como investigador, resulta que la mejor forma de aportar a nuestro desarrollo es haciendo uso de información desagregada pues es esta la que nos dice quiénes están realizando qué tipo de elección. Por lo tanto, es necesario que en pro de una investigación de calidad, en el sentido de tener una mayor sustentación científica de los resultados obtenidos, los investigadores tengamos acceso a la información de los ciudadanos. 

Esto pasa en cualquier país desarrollado, es decir, en aquellos que cuentan con verdaderas instituciones democráticas y que nos llevan años luz en temas de derechos humanos. Esto pasa en países donde el respeto por la individualidad se limita por el bien común, siendo este último el que guía el verdadero desarrollo de una sociedad. 

No podemos seguir pensando que nuestro fundamento está única y exclusivamente en el respeto de la individualidad pues estaremos destinados a un mayor desconocimiento y a un menor desarrollo. Lastimosamente, nuestra idea de institucionalidad pasa más por lo privado que por lo público, pasa más por el yo que por el nosotros, con lo cual gracias a la Ley Habeas Data y su reglamentación tendremos que ir más lento en investigación, desarrollo, e innovación, motores de una mejor sociedad, aunque nos quede el orgullo patrio de ser los más rápidos en proteger la autodeterminación informática del ciudadano a toda costa.

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