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Kevin Steven Bohórquez Guevara - kbohoquez@larepublica.com.co martes, 14 de marzo de 2017

El proyecto, que atravesó cuatro debates en el Congreso vía ‘fast track’, tuvo varios altibajos desde que fue anunciado el 23 de septiembre de 2015. Desde su inicio, sus principios básicos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, fueron bien vistos por la comunidad internacional y por las más de seis millones de víctimas. 

En un anuncio oficial, el presidente Juan Manuel Santos celebró la decisión y señaló que será una Jurisdicción sin impunidad. Agradeció a los parlamentarios que dieron luz verde al proyecto y señaló que los debates, por Cámara y Senado, ayudaron a construir un proyecto íntegro y sólido.

“Este será nuestro sistema de justicia transicional que nos permitirá aplicar la justicia a quienes cometieron delitos con ocasión del conflicto, pero, al tiempo, hacer la transición de nuestra sociedad hacia la paz”, dijo el presidente Santos. Y agregó que “el sistema incluye una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Es una comisión extrajudicial, es decir, lo que allá se diga no tendrá efecto judicial, pues su principal función es la verdad, solo la verdad: la verdad que tanto necesitamos los colombianos”. 

En el total de modificaciones  se rescatan cambios significativos que marcaron la agenda de los congresistas y de otros actores del sector político. Dentro de los más relevantes se encuentra el papel que jugará la Procuraduría General de la Nación: esta entidad podrá participar en la Jurisdicción,  solo si los magistrados encargados de los tribunales, solicitan su intervención.  

A la lista se suma la creación de una unidad de búsqueda para las personas dadas por desaparecidas. Dentro de las variables en este punto, se resaltó que se debían exigir medidas extraordinarias para que  el Instituto Nacional de Medicina Legal contribuya con las medidas humanitarias para encontrar a las personas perdidas. 

La composición de los tribunales estuvo muy debatida. Si bien en principio se esperaban magistrados extranjeros, en medio de la controversia  se anuló  traer personas de otros lugares y se estableció que serían togados colombianos los que se encargarían de los procesos sancionatorios.

En el  último debate de la Plenaria del Senado se dio también un cambio significativo en la hoja de ruta que tendrán los tribunales. De acuerdo a lo acordado, tras establecerse la Ley Estatutaria para reglamentar la JEP,  se tendrá que determinará cuáles delitos relacionados con el narcotráfico irán a los tribunales de justicia ordinaria o pasarán a los procesos de investigación de la Jurisdicción.

Para Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, la JEP  indica, en sus cambios, que el papel de la fuerza pública no puede estar inmerso en los beneficios de pena, a lo que agrega que “los miembros de la fuerza pública no son ni tienen posibilidades de ser amnistiados o indultados porque ellos no cometen delitos políticos”.

Así las cosas, la JEP surtió su trámite en el Congreso, y aunque  no se conoce la fecha exacta en la que entrará en vigencia, sus modificaciones y  reglamentaciones tendrán que ser estudiadas por la Corte Constitucional, ente que al dar el visto bueno indicará el comienzo de las acciones.

La opinión 

Juan Manuel Charry
Abogado Constitucionalista 
“Algo que no es muy bien visto dentro de la JEP es que los miembros de la fuerza pública no deberían tener posibilidades de ser amnistiados o indultados porque ellos no cometen delitos políticos”.

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