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José González Bell - jgonzalez@larepublica.com.co Jueves, 13 de diciembre de 2018

Los inhabilitó  10 años para contratar con el Estado colombiano.

Odebrecht deberá indemnizar a Colombia por un monto superior a los  $800.000 millones. Así lo decidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de acoger la acción popular adelantada por el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, encaminada a la protección de la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.

Así mismo, el Tribunal declaró responsable por corrupción a los miembros de la Concesionaria Ruta del Sol y los inhabilitó  10 años para contratar con el Estado colombiano.

La multa deberá ser asumida por todos los miembros del consorcio (Odebrecht; Episol, filial de Corficolombiana y el grupo Solarte). Cabe resaltar que la empresa brasilera había ofrecido solo $30.000 millones como compensación al Estado.

Igualmente, se ordenó mantener embargos, para garantizar el pago de la sentencia, contra las cuentas, bienes y dividendos de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. – Episol S.A.S., CCS Costructores S.A., y seis personas naturales: Gabriel Ignacio García Morales, José Elías Melo Acosta, Otto Nicolás Bula Bula, Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares.

En la decisión, también se declaró la suspensión definitiva de los efectos del Contrato 001 (Ruta del Sol), sus adiciones y modificaciones.

Recientemente, Odebrecht  firmó un acuerdo con autoridades peruanas que contempla el pago de una millonaria multa de reparación civil y la cooperación en investigaciones por pagos de sobornos para ganar contratos de infraestructura.

Por medio de un comunicado, la firma Episol aseguró que rechaza y apelará la decisión de Tribunal. “Episol no es responsable por los delitos cometidos por terceros, confía en el respeto al debido proceso y reitera su interés de colaborar con las autoridades para seguir construyendo un país competitivo y moderno para todos los colombianos”, dijo en el comunicado.

Carillo aseguró que esta decisión demuestra que las sanciones “pueden ir más allá del derecho penal, tocando severamente el bolsillo de quienes cometen estos actos ilicitos” y calificó el fallo como icónico. El Ministerio Público destacó que la cifra que se le impuso equivale a US$260 millones, lo qu supera 22 veces los U$11 millones que inicialmente ofreció la multinacional, para recibir beneficios en sus procesos penales, disciplinarios y fiscales en Colombia.

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