lunes, 11 de julio de 2016
En sentencia dada a conocer este lunes, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal señaló que la Fiscalía debe explicar los avances de las investigaciones que cursan al respecto, luego que desde el 2008, el paramilitar Armando Madriaga Picón, encargado de recoger las finanzas en Aguachica (César), diera a conocer en su versión libre el presunto pago que habría hecho la empresa.
En específico, la Fiscalía deberá señalar “la presunta participación del gerente de esa empresa para la época de 1999 a 2000. Lo anterior para evidenciar si este aporte fue voluntario”.
En su versión libre, Madriaga Picón dijo que en el comercio recogía entre $40 y $60 millones. “El distribuidor de Postobón mensualmente me daban 15 cajas de gaseosa, yo las negociaba en un depósito y le ordenaba al carro que repartía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba $150.000 mensuales por esa gaseosa, eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba el año 1999 o 2000. Unas cuotas eran voluntarias y otras obligatoria con la reunión que se le había hecho al comercio se le avisaba al negocio y se mandaba cerrar al que no colaboraba”.
En 439 páginas, la Sala señaló que si ese supuesto aporte fue voluntario, “será inminente conocer el estado de las investigaciones judiciales adelantadas por ocasión de este suceso y por otro lado, la actuación que para el caso, ha adelantado la Unidad de Reparación Integral de las Víctimas”.
El Tribunal señaló que dicho frente se financiaba con cobro de “impuestos” en poblaciones del Cesar y Norte de Santander, el hurto de combustible y de ganado, el impuesto al gramaje de coca y contribuciones de empresas. De acuerdo con el paramilitar Javier Antonio Coronel, estaban incluidas empresas palmeras que pagaban de acuerdo a la extensión de tierra y a su capacidad de producción.
Estos ingresos se destinaban a la manutención del frente, que era comandado por Juan Francisco Prada, para el pago de sus integrantes y para pagar una nómina paralela de la Fuerza Pública a fin de permitir las acciones ilegales del Frente: “En ese sentido, se fijaron pagos que iban desde los tres millones de pesos para ciertos comandantes y $300.000 para los patrulleros, hasta el pago de cuentas contraídas como las del celular”, dice el fallo.
En la determinación la Sala explicó que a la hora de descifrar el contexto de violaciones a los derechos humanos cometidas por este frente paramilitar, es imperioso que se dé la responsabilidad jurídica a las empresas privadas que hayan tenido nexos con este y, en consecuencia, involucrarse en el proceso de reparación de las víctimas.
“Lo anterior resulta imperioso, para de alguna manera dar sustancia al apotegma de que quien financió la guerra, debe financiar la reparación; y así, dar seriedad al fenómeno macrocriminal desde el punto de vista de los nexos con esferas de poder político, militar, económico, empresarial, entre otros”, precisó la Sala.
Igualmente, se pidió a la Fiscalía que investigue los supuestos aportes que habría hecho la petrolera Petronorte a esa estructura.
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