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  • guillermo cáez gómez

lunes, 22 de octubre de 2012

Es de anotar que la Ministra de Justicia ha afirmado que se va a solicitar la declaratoria de ilegalidad de este paro judicial, por considerar que el mismo viola la Constitución y desde luego del carácter de servicio público esencial que es la justicia.

En ese orden de ideas, nos vemos obligados a tratar de entender a que se refiere cuando se enfrentan estos dos criterios, uno el derecho al cese de actividades, y por otro lado la regulación expresa y taxativa de los casos en los cuales es dable el no cumplimiento del principio de continuidad de la justicia, en este punto la H. Corte Constitucional en Sentencia T-1165/03 ha explicado ampliamente estos conceptos así: No es cierta la premisa según la cual, un paro judicial siempre conlleva el cierre de todos los despachos judiciales, razón por la cual, será necesario examinar las circunstancias que concurren en cada caso específico, para determinar si efectivamente el despacho judicial en el cual se adelanta un proceso, se encontraba abierto o cerrado. Sin embargo, el paro judicial en determinadas circunstancias puede tener las características de un fenómeno de fuerza mayor, tal sería el caso, por ejemplo, del desarrollo de una jornada de protesta en la cual los trabajadores impidieran físicamente el acceso a los edificios donde funcionan los despachos judiciales. En este último caso, no sería exigible por parte del ordenamiento, comportamientos heroicos que pongan en riesgo la vida y la integridad personal de los funcionarios judiciales y, menos aún, de la comunidad jurídica (abogados, practicantes, judicantes, etc).

Esta interpretación que hace la H. Corte Constitucional, nos traslada al problema jurídico de fondo en este caso, efectivamente no es un secreto que la administración de justicia es un servicio público esencial, tal como ha sido reiterado en las múltiples jurisprudencias de la corporación antes citada, ni tampoco para nadie es desconocido que los salarios que devengan los funcionarios judiciales, salvo los Magistrados y sus auxiliares, son muy bajos y poco alentadores para la cantidad de expedientes que se manejan por despacho judicial, ni que los funcionarios que no tienen velas en el paro y que quieren prestar el servicio, no lo puedan hacer por estar impedido su acceso. Pero así como se reconoce que sus salarios no están a la altura de las funciones y deberes, es de resaltar que tampoco contamos con una justicia de calidad y que se identifique con criterios o principios propios como la celeridad, dado a que es ampliamente conocida la congestión judicial que se vive en el país; pero tampoco  podemos ocultar que los criterios con los que se han elegido algunos de los funcionarios que administran justicia no son los adecuados y que hacen de la función de administrar justicia un terreno inestable y sujeto a encontrarse con decisiones judiciales totalmente apartadas del derecho, que hacen que se prive de libertad a sujetos que no deberían estarlo o se dejan en libertad sujetos procesales que sí lo deberían estar, solo por poner un ejemplo; este mar de contradicciones de la justicia nos indica que mas que ilegal, es un paro inmoral, ¿con que resultados respalda la judicatura una solicitud de nivelación?, si estamos ante un ente disfuncional, carente de eficiencia y de calidad, que no permite que los ciudadanos tengan la confianza legítima en el aparato judicial, por lo que la decisión debe ser la de trabajar, prepararse, y depurar aquellos funcionarios que son el lunar de su actividad, por que desde luego no es la totalidad de funcionarios los que no tienen las cualidades, capacidades y sacrificio para apoderar estas investiduras.

Lo que se debe buscar es que en su totalidad los administradores de justicia se caractericen por la rigurosidad en el análisis de los casos que tienen en su poder, que sea una justicia caracterizada por la especialidad, celeridad y eficiencia de sus actores principales, para que así tenga peso la solicitud de una nivelación salarial, y no paguen justos por pecadores.
 

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