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  • Johana Celedón

miércoles, 24 de octubre de 2012

Pese a los acercamientos que han tenido los empleados de la Rama Judicial con el Gobierno en los últimos días, el paro nacional judicial, que tiene en protesta a cerca de 8.000 jueces y 32.000 empleados de base de todo el país, continúa debido a que las partes no han logrado llegar a un acuerdo y las conversaciones, que se centran en la nivelación salarial para dichos trabajadores, quedaron distanciadas y en un punto muerto.

Sin embargo ambas partes han señalado que están dispuestas a sentarse en la mesa.

Hoy, según el reporte de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), que promueve la parálisis, son aproximadamente 40.000 funcionarios en paro con tendencia a seguir aumentando y se espera que alcance el 100% para llegar a los 45.000 trabajadores entre fiscales, jueces, asistentes de juzgados, Medicina Legal y CTI.

Las protestas, que se adelantan desde el pasado 11 de octubre, según el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Correa, originan que por cada día de cese de actividades en el sector judicial, se dejan de realizar, por lo menos, 1.200 audiencias en todo el país. Entre esas diligencias se encuentran grandes procesos como: la audiencia preparatoria del juicio contra el ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno por el llamado ‘carrusel de la contratación’, que debía iniciar el pasado 16 de octubre; la sentencia absolutoria completa de Valerie Domínguez, por Agro Ingreso Seguro; la acusación contra Carlos Cárdenas por el Caso Colmenares, así como el proceso que se lleva en contra las universitarias Laura Moreno y Jessy Quintero, procesadas por este mismo caso.

En general se han aplazado unas 300.000 audiencias en Colombia en las dos semanas de parálisis y lo preocupante es que muchos presuntos delincuentes capturados diariamente han quedado en libertad por la falta de jueces y fiscales trabajando. Ante esta situación en el Congreso se ha planteado que el Gobierno declare el estado de conmoción interior.

Otras cuentas señalan que con el paro, que ha llegado hasta ahora a más de 96% de todos los despachos de Colombia, cada día se pierden cerca de $1.000 millones, lo que indica que hasta el momentos, con 14 días, estas pérdidas superan los $10.000 millones.

Las directivas de Asonal, dejaron claro que la situación no terminará hasta que se consiga la nivelación salarial, que aunque está contemplada en Ley 4 de 1992 para todos los empleados y jueces de la República, desde esa fecha solo se han nivelado a los magistrados de Tribunal y se ha dejado por fuera a la gran mayoría de jueces y funcionarios que conforman la base judicial.

La Rama Judicial había acordado que en la vigencia del próximo año se otorgarían $3,6 billones para atender la descongestión, la modernización de la justicia y la nivelación salarial. Pero en el presupuesto del Gobierno está contemplado $2,6 billones. “De ese billón que nos quitaron $280.000 millones eran para la nivelación salarial, $300.000 millones para modernización y el resto para descongestión, que serían unos $400.000 millones”, aseguró el Presidente de Asonal, Fernando Otálvaro.

Además de la nivelación de sus sueldos, la protesta también incluye a los empleados de la Fiscalía General de la Nación, puesto que para iniciar el año el ente investigador contaría con solo $30.000 millones para 25.000 funcionarios y empleados, por lo que se solicita una partida superior para la entidad.

Aunque al principio de las negociaciones, entre el Ministerio de Justicia y Asonal, parecía llegar el acuerdo para levantar el paro, el anuncio de pedir la ilegalidad del cese de actividades por parte de la jefa de esa cartera, Ruth Stella Correa, llevaron las conversaciones a tomar un nuevo rumbo y ninguna de las dos posiciones pretende retroceder.

Adicionalmente, Correa propuso que la nivelación salarial para los empleados de la rama judicial sería posible durante los próximos 15 años. Una propuesta bastante diferente a la planteada por los empleados, puesto que en caso de llegar a algún acuerdo, estos pretenden que el tiempo en el que sería entregado el dinero se haría de forma gradual en los próximos 3 años.

En este sentido la Ministra señaló que el Gobierno está haciendo propuestas pero, a su juicio, Asonal pide algo irreal.

“Deben entender que cualquier gasto debe ser estudiado y debe valorarse. La nivelación salarial se empieza a pagar con $140.000 millones a partir de enero de 2013, en un plazo de 15 años, como techo”, sostuvo.

La Ministra solicitó a funcionarios y empleados de la Rama Judicial a que reconozcan el esfuerzo que está haciendo el Gobierno, que por primera vez, dijo, en 25 años ha reconocido la necesidad de la nivelación salarial.

Agregó que ir más allá de esa iniciativa implicaría una reforma tributaria o crear nuevos impuestos.

“No puede ser irrespetuosa la propuesta del Gobierno, o se tendría que pensar en una reforma tributaria o crear nuevos impuestos para pagar lo que está pidiendo la Rama Judicial, cercano al $1,5 billones”, resaltó la funcionaria. Sin embargo Correa no cerró las puertas y dijo que espera seguir conversando con Asonal y lo invitó a que presente un nuevo planteamiento. “Ya hicimos una propuesta, lo que estamos esperando es que los trabajadores también mejoren la suya para seguir en la negociación, en otras palabras el plazo de 15 años que dejamos sobre la mesa no es inamovible”, sostuvo. Otro de los que intervino en el debate fue el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, quien informó que su cartera dispone de los recursos para iniciar la nivelación salarial que piden los trabajadores y aseguró que se cuenta con $120.000 millones disponibles incorporados al presupuesto de la Nación de 2013.

El presidente Juan Manuel Santos, calificó la parálisis de la rama como injustificada.

Continuarán las Protestas en el país
Por el poco éxito de las negociaciones entre el gobierno y los trabajadores de la Rama Judicial, los empleados de los Tribunales Superiores de Bogotá, de Cundinamarca y Administrativo de Cundinamarca se unieron rápidamente a las protestas, que se ha extendido por todo el país. En Medellín son 2.000 empleados de la rama judicial que participan en el paro, los afectados son unas 8.000 personas que a diario visitan el edificio de la Justicia. Los cálculos indican que en la capital antioqueña se han dejado de realizar más de 9.000 diligencias. Por su parte, en Bucaramanga hay más de 600 empleados que han hecho parte del cese de actividades. En la ciudad bonita alrededor de unas 2.500 personas, entre ciudadanos y abogados se han visto afectadas diariamente por no acceder a los procesos.

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