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Andrés Vargas Chaves sábado, 15 de junio de 2013

Los permisos que tienen los magistrados de las altas Cortes le cuestan al Estado, en promedio, $5.000 millones. No obstante, la Red de Veedurías cree que anualmente la Nación pierde más de $10.000 millones, teniendo en cuenta que dicho privilegio cobija a los 180 altos dignatarios del país.

A esto se suma el hecho de que cuando se realizan comisiones al exterior cada magistrado recibe no menos de US$400 por día. Para Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías, estos viajes de estudio “se disfrazan” pero solo tienen beneficios personales, en detrimento de la justicia. Si un magistrado pide sus cinco días de ‘permiso’ mensualmente, al año dejaría de trabajar más de 60 días, pero eso sí, con su sueldo completo.

Los artículos 102 del Decreto 1660/78 y 144 de la Ley 270/96 indican que los servidores judiciales tienen derecho a permisos por causa justificada. Así, a los magistrados por cada mes de servicio les corresponden cinco días, una política que despierta críticas y sugiere una profunda reforma a la justicia. Para Gloría María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, los permisos no son malos, “pero sí se les debe cambiar la extensión pues cinco días es algo exagerado”. A esto se suma el hecho, indica, que no hay motivos fuertes que justifiquen sus ausencias. Sin embargo, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (Moe) opina que para que eso ocurra “se debe desmontar el amiguismo que existe entre congresistas y otras figuras públicas como en el caso del procurador Alejandro Ordóñez, “a quien le parece justo el sistema de pensiones y vacaciones de los altos dignatarios”.

Barrios igualmente aseguró que la manera como se eligen los magistrados es motivo de crítica, pues “no corresponden a criterios objetivos en la medida que no se hace un análisis juicioso de las hojas de vida ni se observan sus posturas académicas”.

Detrás de los permisos, la realidad del sistema judicial colombiano resiste una andanada de procesos en ‘stand by’. Para Pablo Bustos “la ausencia de los magistrados no se justifica en un país con tantos procesos por resolver”. Bustos fue más allá, y dijo que “esto genera un retraso en la justicia en la administración de justicia al tiempo que genera daños colaterales como morosidad e impunidad”.

Para poner fin a los ‘altos’ desmanes señalados por la crítica, se ha propuesto una reforma profunda a la justicia más participativa y que no “busque beneficios en la edad de jubilación en la élite del sistema judicial sino que endurezca la ley y cambie, por ejemplo, el fracasado sistema penal acusatorio”, dijo la directora de la Moe, Alejandra Barrios. También dijo que el escándalo que hubo en torno al crucero de las magistradas responde a una reacción ciudadana que quiere eliminar esos sistemas de privilegio.

Borrero manifestó que se deben reducir los permisos y hacer más estrictos los motivos de sus solicitudes, porque vemos es un relajamiento en la justicia para ellos.

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