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Colprensa miércoles, 6 de febrero de 2013

La audiencia en la que la Fiscalía iba a solicitar la preclusión del proceso contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por presuntamente haber generado pánico económico por sus declaraciones sobre el destino financiero de la Empresa de Energía de Bogotá y su fusión con otra entidad pública, no se realizó porque el mandatario no llegó al juzgado y tampoco hizo presencia su abogado.

Por su parte, Jaime Granados, el abogado denunciante quien sí asistió a la diligencia, señaló que es inaudito que se frustre una audiencia porque al “Señor Alcalde no le dio la gana de venir sin ninguna excusa” y tampoco envió a su defensor.

Al preguntarle por qué la Fiscalía pedirá la preclusión, el abogado dijo que no le han dado las explicaciones y que debe esperar hasta el próximo 22 de febrero, fecha en la que se reprogramó la diligencia por parte del juez 24 Penal del Circuito.

“Yo soy el denunciante y lo único que me ha dicho el Fiscal es que considera que la conducta es atípica. No sé cuál es el fundamento de eso, porque me dijo que esperáramos a la audiencia, así que el 22 de febrero sabremos cuál es el argumento de la Fiscalía”, indicó.

Según Granados, no existe mérito para la prelusión porque él aportó pruebas contundentes que comprometen a Petro con la conducta.

“Denuncié y aporté las pruebas, lo que dijo el informe autorregulador de valores, lo que dijo el informe del Súper Intendente Financiero, que avalan la denuncia en el sentido de que la única razón por la cual cayó el precio de la acción de la empresa de energía, fueron las declaraciones que dio el alcalde electo, Petro, pues muy difícil que un fiscal en contra de los expertos sostenga que lo que hay una atipicidad”, aseguró.

De acuerdo con Granados, el alcalde Petro habría incurrido en este delito tras expresar su intención de fusionar a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) ambas de economía mixta, con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que es de capital estatal, hecho que según el demandante causó una caída del 17 por ciento en el costo de las acciones de las empresas.

Según el abogado, estas declaraciones “afectaron el bien jurídico, económico y social de los accionistas de las mismas (empresas)”, así como el bienestar de los beneficiarios del servicio público que éstas prestan

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