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  • Colprensa

lunes, 18 de julio de 2016

La idea al interior de la Corte es no darle más largas a este debate, dado la importancia y el interés nacional del mismo. Según se ha establecido, la Corte le dirá sí al plebiscito pero le pondrá una serie de condiciones.

Uno de los aspectos claves que definirá la Corte será si resultado de esta consulta popular es o no vinculante para el presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Igualmente, la Corte señalaría que este es un plebiscito “especial” que está reglamentado solo para ésta particular consulta de paz y que no afecta los plebiscitos que en un futuro se puedan realizar. Además, daría su aval al umbral de 13% que fijó el Congreso.

El debate al interior de la Corte se da sobre la ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas quien estipula que la campaña no podrá incorporar contenidos que  promuevan un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos o que se relacione con la promoción de candidaturas de ciudadanos a cargos de elección popular.

Igualmente señala que la campaña solo puede empezar una vez el Presidente lo convoque y el Congreso lo autorice. Y, para la campaña, primero se deberá publicar el acuerdo final 30 días antes de la convocatoria presidencial y, segundo, no se podrán incluir cargas valorativas o estratégicas que busquen incidir en el voto de los colombianos.

Dicha campaña debe tener en cuenta a las personas con discapacidad y a aquellas comunidades que no se comunican en español y que se deben crear estrategias de difusión en zonas apartadas del país.

Pretelt y Procuraduría piden referendo

Aunque es claro que la Corte dará el aval al plebiscito, uno de sus magistrados, Jorge Pretelt, considera que debe hacerse un referendo en el que se le hagan preguntas claras y concretas a la ciudadanía para que sepa exactamente los asuntos sobre los cuales votar ‘sí’ o ‘no’.

En su criterio, se debe hacer una campaña pedagógica clara sobre cada punto acordado y las preguntas deben ser varias y redactadas de manera tal que representen los puntos fundamentales de los acuerdos.

Igualmente el jurista considera que se debe garantizar que los funcionarios del Estado no utilicen sus cargos para presionar en torno a una decisión pues sería, a su juicio, inconstitucional que participen en la campaña del plebiscito.

"Permitir la participación de servidores públicos en la campaña del referendo haría que se llegue a situaciones claras de presión o inducción al elector a través de la utilización de recursos públicos, lo cual constituye constreñimiento o corrupción al sufragante, delitos aplicables también a los plebiscitos", señala la posición de Pretelt.

Para el magistrado los miembros de las Farc no puedan ejercer coacción alguna a los ciudadanos por lo que no puede haber “proselitismo armado” y, en ese sentido, en su criterio, se debe condicionar la realización del referendo que propone a la entrega previa de armas de la guerrilla a un organismo internacional.

Esta es la misma posición de la Procuraduría General de la Nación que en concepto enviado a la Corte pidió un referendo por estimar que la decisión de los colombianos no puede reducirse a un sí y a un no, y menos con una decisión del 13%.

La viceprocuradora Martha Isabel Castañeda considera que solo de esta forma se podrá tomar una decisión “libre y consciente” de los ciudadanos frente a cada punto del Acuerdo.

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