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sábado, 21 de septiembre de 2013

El Decreto 4968 de 2007, que derogó el Decreto 1937 de 2007, que había modificado el parágrafo transitorio del artículo 8º del Decreto 1227 de 2004 y a su vez dispuso, que la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos provisionales, estableciendo los casos en que lo puede hacer, sin previa convocatoria a concurso, los cuales no podrán exceder de seis (6) meses, plazo dentro del cual se debería convocar el concurso.

En el evento de no haberse efectuado la convocatoria dentro de este término, la Comisión podrá autorizar la prórroga de los encargos y nombramientos provisionales.

El inciso cuarto del artículo 267 Constitucional prescribe que la Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.

De acuerdo a lo anterior, vemos que la Contraloría General de la República no es una instancia consultiva como tampoco decisoria de las determinaciones que debe o no tomar la Administración en asuntos de tipo laboral administrativo, propios de las entidades públicas. No obstante, estimamos pertinente exponer algunos argumentos relativos al tema del “Encargo”.

El Decreto 4968 de 2007, que derogó el Decreto 1937 de 2007, que había modificado el parágrafo transitorio del artículo 8º del Decreto 1227 de 2004 y a su vez dispuso, que la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos provisionales, estableciendo los casos en que lo puede hacer, sin previa convocatoria a concurso, los cuales no podrán exceder de seis (6) meses, plazo dentro del cual se debería convocar el concurso. En el evento de no haberse efectuado la convocatoria dentro de este término, la Comisión podrá autorizar la prórroga de los encargos y nombramientos provisionales.

Para el caso concreto, es viable aclarar que los pronunciamientos de la Contraloría General de la República, no tienen alcance en la decisión de los candidatos posibles con quienes se vayan a proveer las vacantes en las diferentes entidades públicas, ya que tal atribución le corresponde únicamente al nominador de las mismas.

La presente respuesta tiene la naturaleza de un concepto jurídico, por lo tanto, solamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política y 26 del Código Civil, entre otros.
 

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