Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

José David Castilla Viernes, 16 de noviembre de 2018

Expertos analizaron el papel del Compliance para detener la corrupción privada

Durante el desarrollo del foro Complience II, organizado por Moncada Abogados y Kreab, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, reveló que la corrupción le cuesta a Colombia $1.000 millones diarios, es decir unos $365.000 millones al año. “Nuestra preocupación hoy, es lo que en un futuro pueda perder el Estado”, dijo el Contralor.

En la administración de Edgardo Maya, se estableció que debido a múltiples escándalos de corrupción, este fenómeno le costaría al país $50 billones anuales. Como las cifras son tan disímiles es fácil concluir que calcular con precisión lo que pierde el Estado por culpa de la corrupción es casi imposible, pero es claro que el impacto presupuestal es considerable.

Para detener la corrupción , se creó un mecanismo denominado complience que se traduce en la prevención de riesgos legales y la implementación de buenas prácticas corporativas. Los expertos aclararon que los programas de complience deben ir más allá de la normativa legal: esto se traduce en la implementación de políticas organizacionales internas y la correcta administración de los recursos empresariales.

Esto lo planteó claramente el contralor Córdoba durante la jornada cuando aclaró que “la corrupción no es solamente recibir coimas, es decirse mentiras”, de cara a las empresas.

Juan Carlos Pinzón, excandidato presidencial y director de ProBogotá, dijo que el fenómeno de la corrupción tiene un fuerte arraigo dentro del sector privado. Pinzón aseguró que “el papel de las empresas privadas en la corrupción es determinante dentro de este flagelo. La mayoría de los contratos corrompidos en el sector público, son gestionados desde el sector privado”.

 

 

Dentro de las medidas para atacar este flagelo, está la implementación de la responsabilidad penal de personas jurídicas. Juan Carlos Moncada, socio de Moncada Abogados, apoyó la idea de endurecer las sanciones, pero dijo que “es un hecho que de ese modo no hemos asegurado transparencia e integridad”. Para prevenir la ocurrencia crearon los sistemas de complience empresarial.

Frente a esta situación, la Contraloría y sectores políticos impulsaron el proyecto de ley para perseguir penalmente a las personas jurídicas. Esta medida trae un paquete normativo que incorporaría la obligatoriedad de implementar el complience en las empresas colombianas.

El abogado Albeiro Yepes, socio de Yepes Abogados, cuestionó los alcances de esta medida. “Hace falta que se cree un complience en el Estado para poder realizar una verdadera persecución penal a las personas jurídicas”.
El país cuenta hoy con 12.000 Complience Officers. Estos se encuentran distribuidos en el sector bancario, financiero y en las filiales de las empresas extranjeras y han estado aportando a evitar conductas ilegales.

Antecedentes 
Dentro de las medidas anticorrupción que impulsó el Gobierno Nacional, se encuentra el proyecto de ley que impone la responsabilidad penal contra las personas jurídicas en Colombia. Sin embargo, esta medida aún no ha sido debatida en el Congreso y corre el riesgo de no salir adelante. La iniciativa fue impulsada por la Procuraduría General y la Contraloría. Con esta medida, las empresas serían condenadas por su participación dolosa en casos de corrupción que afecten el patrimonio de la Nación.

 

 

LOS CONTRASTES

  • Juan Carlos Pinzón Director de Probogotá

    “El papel de las empresas privadas en la corrupción nacional es determinante dentro de este flagelo. La mayoría de los contratos corrompidos en el sector público, son gestionados desde el sector privado”.

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.