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José Gregorio Hernández viernes, 21 de marzo de 2014

Los últimos acontecimientos, y en especial las últimas decisiones adoptadas en el denominado “caso Petro”, no dejan en los demócratas sino perplejidades, preguntas sin respuesta, inquietudes no resueltas, preocupaciones, frustración, inseguridad jurídica, sensación de desamparo ante el ejercicio abusivo e incontrolado del poder y un pésimo concepto acerca de la manera como se viene administrando justicia en Colombia. 

Quizá nunca antes habíamos entendido con tanta claridad la expresión -sencilla pero llena de contenido- de Ferdinand Lasalle: “La Constitución no es más que una hoja de papel”. Los que finalmente dominan y resuelven -claro está. En su propio interés y no en interés de la comunidad- son los factores reales de poder, que, a diferencia de la Nación, se organizan para lograr sus objetivos. 

Así ocurrió en el caso de Gustavo Petro: los dueños de ese poder organizado se confabularon, primero para no dejarlo gobernar y después para sacarlo del cargo -bien fuera mediante revocatoria, o por cualquier otro medio. Eso no importaba. Su finalidad justificaba los medios-; y finalmente lo lograron, con el valioso concurso de un procurador arbitrario, de algunos magistrados rehenes de sus propios impedimentos e inferiores a su altísimo compromiso con la justicia, y a un presidente enloquecido por la reelección, débil en las encuestas, acorralado por sus propios errores, pero calculador, quien decidió aquello que -según sus cálculos- mayores réditos electorales le podría producir. 

Pero -repito- quedan muchos interrogantes: 

-¿Es de verdad omnímodo -en las normas- el poder del procurador, o la magnitud de ese poder depende de la mayor o menor capacidad de abuso del titular de turno? 

-¿Según la torcida interpretación que se ha hecho de la Constitución, es el Presidente de la República un funcionario autómata que se limita a firmar las decisiones del procurador, sin posibilidad de análisis, de verificación? ¿Es apenas un “firmón”? 

-¿ En qué quedó el artículo 93 de la Constitución, a cuyo tenor los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia sobre Derechos Humanos -como la Convención Americana- prevalecen en el orden interno? 

-¿Qué pasó con la misma norma constitucional cuando expresa que los derechos y deberes reconocidos en la Carta Política se interpretarán de conformidad con tales tratados y convenios? 

-¿Por qué un presidente que juró cumplir la Constitución decide violarla pero invocándola? 

-¿Por qué razón altos tribunales de justicia admitieron que magistrados con hijos u otros parientes nombrados por el procurador y dependientes del procurador pudieran votar sobre un acto de ese procurador en materia tan importante? 

-¿Cuando el procurador viajó a Washington para hablar en la Cidh legitimó y reconoció su competencia en el caso Petro?

-¿ Cuál es el mensaje del presidente Santos a los negociadores de la guerrilla en La Habana? ¿Acaso, para acabar de una vez por todas con el proceso de paz, les quiere hacer saber que nuestro Estado y nuestros gobernantes dialogan pero engañan, traicionan y “ponen conejo”? 

-¿Quedó claro que, en Colombia, es más grave confiar la prestación de un servicio público a una empresa pública que encabezar desde los cargos públicos los carruseles contractuales corruptos? 

-¿Quedó claro que se ha consagrado el delito de pertenecer a la izquierda? 

Son preguntas inofensivas que quizá se quedarán sin respuesta. 

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