miércoles, 4 de julio de 2018
Este proyecto se puso en práctica en 2017 e irá hasta 2026
Luego de que se firmara el proceso de paz, las Farc-EP entregaron un listado al Gobierno Nacional de 14.200 integrantes del grupo guerrillero, sin embargo, esa cifra la componen: integrantes armados, aquellos que se encuentran en la cárcel y los que pertenecían al grupo, pero no estaban armados.
De esa cifra solo quedaron 7.126 que eran los armados, que ingresaron a las zonas que adecuo el Gobierno para que ellos fueran formalizados y acreditados. Después de ese proceso de reinserción, viene el proceso de reincorporación, una política a largo plazo que busca integrar no solo individualmente a la sociedad, sino con un enfoque colectivo y rural, por esa razón la política nacional para la Reincorporación Social y Económica busca que los exintegrantes de las Farc- EP y sus familias accedan a sus derechos como ciudadanos y los beneficios que les corresponden.
Este proyecto cuenta con $6,3 billones que salen del presupuesto de las instituciones para el posconflicto, sin embargo, podrían salir recursos adicionales del sector privado y las ayudas internacionales.
La política esta basada en cuatro ejes principales, el primero es de articulación y planificación, entre los actores involucrados en la reincorporación es decir exintegrantes de las Farc-EP y sus familias.
La segunda es la construcción de tejido social, convivencia y reconciliación; la tercera es que los exintegrantes del grupo armado tengan acceso a programas, mecanismos, y recursos necesarios para su estabilización y proyección económica, junto a sus familias, teniendo en cuenta los intereses y necesidades y finalmente el acceso a todos los derechos.
La política fue implementada a través de Conpes y fue aprobada el 22 de junio del 2018 y ya esta en vigencia, LR habló con Jefferson Mena, gerente de los Etcr quien afirmó que “se esta trabajando en un documento que el Gobierno Nacional propondrá al nuevo gobierno, sobre lo que debería suceder en esos espacios territoriales”, la idea es que cuando acabe el proceso de zonas veredales el Gobierno pueda comprarlas y crear allí nuevos barrios.
Explicó que en el empalme existe mucho interés en el tema.
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