Natalia Cubillos Murcia - ncubillos@larepublica.com.co Viernes, 13 de febrero de 2015

Gracias a las conciliaciones extrajudiciales la Procuraduría General de la Nación generó ahorros por $424.731 millones.

“Durante la vigencia pasada las pretensiones de dinero de las solicitudes de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo eran superiores a los $810.000 millones y frente a eso se concilió un poco más de $385.000 millones, permitiéndole al Estado dicho ahorro patrimonial”, aseguró la entidad dirigida por Alejandro Ordóñez, a través de un comunicado de prensa.

Desde 2014, el aumento fue significativo en las resoluciones y pasó de 5.346 acuerdos realizados a 10.676.

Adicionalmente, señala la entidad, se presentaron 797 solicitudes de reconsideración ante los comités de conciliación, mediante las cuales se busca modificar la decisión de no conciliar ante la alta probabilidad de condena en contra de diferentes empresas públicas, entes territoriales municipales, departamentales y del orden nacional.

Sobre otros procesos, la entidad abrió investigación al exdirector del Hospital San José de Maicao de La Guajira, Álvaro Alfredo Iguarán Brito, en su condición de gerente de la Empresa Social del Estado (ESE) en el momento de los hechos, quién deberá responder por presuntas irregularidades en contratación de personal.

Al exfuncionario se le acusa de haber contratado un médico oftalmólogo para el área de consulta externa y cirugía entre abril y octubre de 2011 y en marzo de 2012 “sin contar previamente con las disponibilidades presupuestales”. En etapas anteriores del proceso Iguarán Brito aceptó el pago de $32,2 millones, al haber demostrado la efectiva prestación de sus servicios en la entidad hospitalaria.

“Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que pueden verse afectados por la ejecución del contrato”, señaló la organismo de control.

La falta encontrada por la Procuraduría en este caso se clasifica como grave al tener el exdirectivo conocimiento de la suma pagada por los servicios y las falencias presupuestales.