Procuraduría confirmó en segunda instancia inhabilidad a Palacino

La Procuraduría General confirmó en segunda instancia la sanción con inhabilidad de 18 años para contratar con el Estado a Carlos Gustavo Palacino, expresidente de Saludcoop, al encontrar que manejó recursos de la salud de manera irregular. En la sentencia también se ratificó el pago de 100 salarios mínimos.

La decisión también cobija a 7 funcionarios integrantes de la junta directiva de la entidad, quienes quedaron inhabilitados por 10 años. Además cada uno deberá cancelar 50 salarios mínimos por las irregularidades presentadas.

Señala el Ministerio Público que se desconocieron las directrices e instrucciones impartidas por el entonces Ministerio de Protección Social, respecto a los requisitos y procedimientos que deben cumplirse a efectos de adelantar los trámites de recobro por prestaciones no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS), lo que le permitió a la EPS acceder a recursos del sistema de salud sin haber cumplido las condiciones para ello, en tanto no había cancelado previamente las facturas provenientes de esos servicios médicos, como lo establecía el Ministerio, para de esa forma, obtener recursos provenientes del sistema.

En el fallo, proferido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, se indica que en la comisión de tal falta, se recobraban facturas que no habían sido canceladas y que en algunos casos demoró un término considerable para cancelar, utilizando esos recursos para cubrir sus problemas de liquidez, incurriendo en una destinación indebida de esos recursos públicos y en una probable comisión de conductas tipificadas en la Ley penal y en la disciplinaria.

De igual forma, los miembros del Consejo de Administración de Saludcoop para el año 2010, Alberto Castro Cantillo, José Enrique Corrales Enciso, Jaime Chávez Suárez, Claudia López Ochoa, René Cavanzo Alzugárate, Gabriel Franco Espinosa y Ana María Piñeros Ricardo, fueron encontrados responsables al haber aprobado los estados financieros sin verificar ni comprobar el origen y procedencia de notas de crédito por valor de 61 mil millones de pesos como excedente de Epsifarma a favor de la EPS, con lo cual incurrieron en falta disciplinaria calificada como grave por falta de cuidado y diligencia en el cumplimiento de sus funciones que estaban relacionadas con la administración de recursos públicos.

Dichos miembros del Consejo de Administración fueron sancionados con multa de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión de los hechos e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de 10 años.