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Colprensa martes, 5 de marzo de 2013

Saúl Villar Jiménez, quien demandó ante el Consejo de Estado la investidura de los 12 congresistas que hicieron parte de la Comisión de Conciliación del Congreso de la República y que elaboraron el respectivo informe de conciliación de la Reforma a la Justicia, señaló durante la argumentación de su acción que los Senadores y Representantes a la Cámara legislaron en causa propia y no en favor de la ciudadanía.

Según Jiménez, los miembros de la comisión de conciliación estaban blindando su accionar, tenían un conflicto de intereses, traficaron influencia y se encontraban legislando en causa propia y por fortuna el Presidente de la República se opuso a que lo que denominó un “adefesio jurídico” no saliera a la vida pública. “Estaban legislando en causa propia, buscando beneficios de esta fallida Reforma a la Justicia, afortunadamente no salió a la vida pública, porque no fue sancionado (…) todo lo aquí incluido los beneficiaba directamente a ustedes”, indicó.

Criticó además que Jiménez que se buscara crear una doble instancia con el único propósito de favorecerse, sin pensar lo que verdaderamente le favorecía a la sociedad. “Los honorables padres de la patria crearon la doble instancia. Para que un congresista perdiera su investidura en la segunda instancia tendrían que sacar las tres quintas partes, actualmente con la mitad más uno pierden la investidura”, indicó. Finalmente, le solicitó a los magistrados de la Sala Plena del Consejo de Estado que hicieran justicia en nombre de los colombianos que confían en ellos. “Solo quiero decirles señores magistrados que los ojos de 48 millones de colombianos están puestos en ustedes para que se imparta justicia, están dadas las condiciones para que se decrete la perdida de investidura, excepto el del doctor Orlando Velandia Sepulveda, quien fue el único que salvó el voto”, indicó.

Ministerio Público
El delegado de la Procuraduría indicó que el conflicto de interés y el tráfico de influencias, delitos invocados en la demanda, hay que demostrarlo, no pueden basarse en una simple suposición de que la conducta se presentó. “Nosotros consideramos que en la demanda no se probó este hecho (…) el Consejo y la Corte Constitucional venía considerando que cuando se tomaron decisiones penales no podía probarse el conflicto de intereses (…) La Procuraduría considera que el cargo de conflicto de intereses no debe prosperar porque no está probado”, indicó el órgano de control a través de su delegado.“La segunda acusación tiene que ver con el tráfico de influencias, el doctor en su demanda señala simplemente que los parlamentarios ejercieron una presión indebida. No hay una sola prueba que los miembros de la comisión de conciliación hallan utilizado su investidura para dar dádiva alguna. No se dan los requisitos, no es solo señalar el tráfico hay que probarlos a través de pruebas”, aseguró el procurador.

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