Colprensa - Hospital Universitario de Sincelejo

Sebastian Pinilla - jpinilla@larepublica.com.co Martes, 12 de junio de 2018

Actualmente $500.000 millones permanecen en depósitos judiciales como respaldo para cubrir obligaciones con terceros

La Procuraduría general de la Nación denunció el embargo irregular a los recursos de la salud, y pidió a entes de control como la Fiscalía, la contraloría y judicatura de acciones penales, acciones disciplinarias y penales contra jueces, abogados y particulares vinculados con carteles.

Actualmente $500.000 millones permanecen en depósitos judiciales como respaldo para cubrir obligaciones con terceros contratistas y trabajadores, de este monto solo $300.000 millones corresponden a EPS del régimen contributivo y subsidiado y a la red pública de hospitales.

Según un informe de Ministerio Público, encontró que, en Sincelejo, Mocoa y Valledupar, los jueces locales estarían ordenando embargos de los recursos que debían ser girados a las empresas sociales del estado en su condición de instituciones prestadoras de salud.

Sin embargo, la constitución y las leyes prevén que los recursos para la salud son inembargables, por esa razón la Procuraduría recordó que el objetivo de estos recursos es la circulación en el sistema de salud y no terminar como depósitos judiciales, existiendo otros medios para garantizar el pago de acrecencias.

En el caso de Sincelejo, el juzgado tercero civil del circuito ordeno el embargo de $11.000 millones, que tenían como destino el Hospital Universitario de Sincelejo, donde la mayoría de los reclamantes eran representados por el mismo abogado y las deudas no superaban los $4.000 millones.

En el departamento de Sucre, los embargos a la salud superan los $30.000 millones y como medida para frenar la situación los entes de control emitieron una circular en la que ordenan a los procuradores judiciales del país, intervenir en los procesos donde se haya ordenado o se pida el embargo de los recursos de la salud.