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José David Castilla miércoles, 9 de enero de 2019

En Colombia, hay 60.151 personas que cuentan con el beneficio penal de pagar arresto o prisión en la comodidad de sus casas.

En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley que busca eliminar el beneficio de casa por cárcel para las personas que sean condenadas por corrupción.

Según el último  informe sobre población carcelaria emitido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en el país 60.151 personas cuentan con el privilegio de prisión o arresto domiciliario, mientras que en las cárceles del país hay más de 119.491 personas, según las cifras sobre la capacidad carcelaria en Colombia, estos establecimientos tienen 48,94% de hacinamiento.

Uno de los principales argumentos para aceptar la medida de prisión domiciliaria es el argumento del hacinamiento carcelario. Según el Inpec, las cárceles del país solo pueden albergar 80.227 reos, pero en el sistema se reportan casi 160.000 personas condenadas o sindicadas por distintas conductas penales. Es decir que Colombia duplicó su capacidad para atender a su población carcelaria.

Pese a esto, la mayoría beneficios de casa por cárcel se ofrecen para delitos como hurto o porte de estupefacientes. Sin embargo, este beneficio muchas veces es utilizado por las personas que atentan contra el patrimonio público, generando millonarias afectaciones a las finanzas del Estado.

Por esta razón, en el Congreso de la República circula un proyecto de ley que busca retirar este beneficio a las personas que sean condenadas por delitos de corrupción.

La iniciativa fue del fiscal Néstor Humberto Martínez y será una de los primeros debates que se lleven durante la apertura de la segunda mitad de la legislatura 2018-2019. El presidente del Senado, Ernesto Macías, aseguró que “este es un proyecto que está priorizado en el orden del día y lo pusimos en los primeros puntos. Sin embargo, por las circunstancias que se presentaron en diciembre no alcanzó a terminar su trámite”.

Si la medida es aprobada no se aplicará a las personas que cometieron delitos antes de la fecha en la que la ley sea promulgada. Razón por la cual, las personas que fueron condenadas por los delitos del carrusel de contratación en Bogotá (Los Nule, Emilio Tapias) o los autores del caso Odebrecht, pueden contar con el privilegio de prisión domiciliaria, aunque cambien la normativa en el futuro.

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