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Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co viernes, 4 de diciembre de 2020

Si el fallo sale en un año y medio, como espera el contralor Córdoba, la decisión podría coincidir con las elecciones de 2022

Una de las consecuencias políticas más importantes de las imputaciones de la Contraloría tiene que ver con la candidatura presidencial de Sergio Fajardo, no solo por el impacto que pueda tener la decisión en la opinión pública, sino porque podría amenazar la viabilidad jurídica de su aspiración.

De momento, como explicó el vicecontralor Julián Ruiz, los imputados no tienen ninguna consecuencia más allá de estar vinculados al proceso. Sin embargo, si el fallo definitivo sale en un año y medio, como espera el contralor general Carlos Felipe Córdoba, la decisión podría coincidir con las elecciones presidenciales de 2022.

Una eventual condena por responsabilidad fiscal inhabilitaría a Fajardo para ejercer cargos públicos, y en consecuencia de la Presidencia, no obstante, entra a jugar en este punto el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Petro. Este, cabe recordar, estableció que no se pueden limitar los derechos políticos de los funcionarios elegidos por voto popular por decisiones administrativas.

Sobre la posibilidad de que Fajardo, de ser condenado, apele a esa decisión para argumentar que no estaría inhabilitado, un abogado experto explicó que “el fallo de la Corte y las decisiones de la Comisión, que establecen que no se pueden limitar los derechos políticos por procesos de responsabilidad fiscal, no requieren implementación en el ordenamiento interno”. Esto, porque en su concepto las normas internacionales de derechos humanos se entienden incorporadas a las Constitución.

Sin embargo, no todos los abogados coinciden en ese punto. Para el constitucionalista Juan Manuel Charry, el Estado no ha hecho las correcciones dispuestas por el fallo de la Corte IDH, por lo que este no ha sido todavía incorporado al ordenamiento jurídico local. “Desde el punto de vista jurídico local no podría aspirar, tendría que enfrentar las demandas que vendrían por estar inhabilitado y ver si el fallo lo protege, pero sería una circunstancia litigiosa discutible”.

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