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Colprensa jueves, 23 de marzo de 2017

Lo que se quiere es garantizar la financiación de la implementación del acuerdo de paz durante los próximos 20 años, destinando un 7% de los ingresos del Sistema General de Regalías, así como los rendimientos financieros que genere durante esos años, lo que representa cerca de $700.000 millones adicionales para la construcción de paz. 

“Esta iniciativa también da traslado, por una sola vez, de una parte de los saldos a 31 de diciembre de 2016 del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, con cargo a los cuales no se haya aprobado proyectos, a la asignación especial para la Paz”, indicó Cárdenas. 

Al mismo tiempo, aseguró que “con esta medida, se lograría destinar alrededor 1 billón de pesos para inversiones prioritarias y urgentes como la habilitación de vías terciarias en los municipios más afectados por el conflicto armado”. 

Los recursos se distribuirían entre las entidades territoriales con base en criterios de nivel de pobreza rural, grado de afectación derivado del conflicto armado, debilidad institucional y existencia de economías ilegales. 

En la iniciativa se plantea también que las entidades territoriales que ya hayan cubierto su pasivo pensional territorial, podrán destinar los recursos excedentes provenientes del Sistema a proyectos de inversión para la implementación. 

“Con esta medida, se liberarían cerca de $180.000 millones anuales en 800 entidades territoriales que ya tienen su pasivo cubierto”, dijo. 

¿Cómo se sacaría ese porcentaje? La propuesta es que durante los 20 años de la asignación especial se disminuya el aporte del Sistema General de Regalías al ahorro pensional territorial del 10% a un 7%. 

“La totalidad de la asignación para la Paz se completaría a través de un menor ahorro en el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), pues en la fórmula de distribución de los ingresos del SGR, el valor asignado a este Fondo es residual; es decir, lo que quede después de garantizar los recursos de inversión”, dijo. 

Y para que se dé una adecuada focalización de los recursos hacia las inversiones prioritarias para la implementación, los proyectos de inversión a financiarse con el 7 % adicional para la Paz, los rendimientos financieros y los saldos trasladados del Fcti, serían definidos por un único Órgano Colegiado de Administración y Decisión. 

Este último será conformado por el Gobierno Nacional, representado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, un representante del organismo nacional de planeación, y un representante del Presidente de la República; el Gobierno departamental representado por dos Gobernadores y el Gobierno municipal, representado por dos alcaldes. 

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