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Andrea Mancera Rojas - amancera@larepublica.com.co martes, 19 de febrero de 2013

Ante la Corte Constitucional, los congresistas Iván Cepeda, Germán Navas, Ángela Robledo, Gloria Ramírez y Guillermo Rivera, radicaron la primera demanda contra el Fuero Penal Militar, al considerar que exisistieron vicios durante su aprobación en el Congreso de la República en 2012.

Según los demandantes, el Congreso al aprobar esta reforma hizo caso omiso a las cifras sobre impunidad, que es del 98% en los casos de ‘falsos positivos’ y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos cometidos por agentes del Estado en Colombia.

Así mismo aseguran que el Legislativo desatendió todas las advertencias provenientes de la Corte Penal Internacional, del Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de organizaciones como Human Rigths Watch.

“Hemos insistido en que todos los organismos internacionales en derechos humanos han sido muy claros en afirmar que esta reforma indica un claro retroceso en materia de derechos humanos en Colombia. La demanda que presentamos está centrada en los vicios de procedimiento que tuvo, el trámite de reforma en el Congreso. Son vicios que consideramos hacen insubsanables esos procedimientos que se hicieron de manera errónea, y son razones más que suficientes para que la Corte declare inexequible la reforma constitucional”, explicó el representante Cepeda.

Los parlamentarios advirtieron que según las cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación, de 1.100 procesos que han entrado a indagación por ejecuciones extrajudiciales, solo 665 de ellos han pasado a la etapa denominada de investigación y solamente 72 de las mismas, han llegado al proceso de juicio.

El 11 de diciembre del año pasado, el debate a la reforma constitucional del fuero militar concluyó hacia las 8:30 p.m. con la aprobación por 54 votos a favor y 5 en contra.

El acto legislativo prevé la creación de un Tribunal de Garantías para que conozca cada caso y dirima “los conflictos de competencia que ocurran entre la jurisdicción ordinaria y la penal militar”.

El proyecto contempla que la justicia ordinaria se haría cargo de los crímenes de lesa humanidad y de los delitos de genocidio, desaparición de personas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Los delitos que quedarían en manos de la justicia castrense serían “las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por miembros de la Fuerza Pública”.

Cabe anotar, que para la época de los hechos, el director para las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, manifestó su preocupación por la aprobación de esta reforma e indicó que esta conllevaría a la impunidad. En una misiva, Vivanco dijo que “queremos mostrar estas inquietudes porque los casos de las más de tres mil víctimas de homicidios agravados o en personas protegidas no pueden pasar a la Justicia Penal Militar”.

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