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Felipe Ospina A. miércoles, 20 de febrero de 2013

Hasta el 2012 Colombia echaba de menos una regulación precisa de los efectos fiscales de los aportes en especie, panorama que cambió con la expedición de la ley 1607.

No tener tal regulación generaba incertidumbre y necesidad de precisiones mediante una serie de conceptos de la Dian que, además de no ser obligatorios para los contribuyentes, suscitaban cuestionamientos. Esto se solucionó con la ley 1607 de 2012, que reguló la incidencia fiscal de esos aportes en términos como:

1. Respecto a aportes a sociedades nacionales, los aportantes y las sociedades receptoras elegirán tratarlos como operaciones neutras (sin los efectos tributarios que normalmente asociados a una enajenación) o como verdaderas enajenaciones, con las consecuencias implicadas. En todo caso, la decisión de no gravar el aporte deberá constar en el documento mediante el cual se efectúe; de lo contrario, se presumirá gravado. 

2. La primera opción implica que el aporte no dará lugar a ingresos gravados, ni para el socio ni para la sociedad, y que los bienes aportados mantendrán el tratamiento y condiciones tributarias que tenían en cabeza del aportante. Así, los aportes no gravados no generarán incrementos en los costos fiscales,  ni extenderán las vidas útiles y los términos para la amortización y depreciación de los bienes aportados que mantendrán la condición de activos fijos o movibles que tenían  para el aportante. De esta manera se reducen los obstáculos fiscales a las reorganizaciones corporativas consistentes en la creación y capitalización de sociedades. 
 
3. Aunque, para efectos tributarios, los aportes no gravados se entenderán hechos a costo, será posible establecer un valor diferente para efectos contables y mercantiles; para esto será necesario remitirse a lo que dispongan las normas y, particularmente, el Código de Comercio. 
 
4. El régimen de aportes no gravados restringe, empero, la posibilidad de que los aportantes y las sociedades receptoras compensen pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva con los ingresos percibidos por la enajenación de las acciones recibidas o los bienes aportados, respectivamente. Efectivamente, tales compensaciones serán improcedentes dentro de los dos años siguientes a la fecha del aporte. Transcurrido este término (o en cualquier momento, tratándose de aportes gravados), podrán efectuarse esas compensaciones según las reglas generales. 
 
5. Las nuevas normas parecen indicar que el aporte no gravado de inventarios tampoco se considera enajenación para efectos del IVA. 
Este cambio es significativo ya que tradicionalmente esos aportes se han considerado “ventas” desde la perspectiva del IVA, salvo en el caso de los comerciantes personas naturales que aportaban parte de sus bienes a sociedades unipersonales.
 
6. Por su parte, los aportes gravados se tratarán según las reglas generales sobre enajenación de activos. Es decir que, para efectos fiscales, los bienes deberán aportarse por un valor que no difiera en más de un 25% del suyo comercial y que estas operaciones darán lugar a ingresos gravados en cabeza del aportante en tanto que el valor de las acciones recibidas sea superior al costo fiscal de los bienes aportados. Asimismo, estos aportes darán lugar a incrementar el costo fiscal de los activos (y, consecuentemente, las respectivas bases de amortización o depreciación). 
 
7. Por último, cabe destacar que, conforme a las nuevas normas, los aportes en especie y en industria a favor de sociedades u otras entidades extranjeras se considerarán, en todos los casos, como verdaderas enajenaciones de activos, que además estarán sometidas al régimen de precios de transferencia. En caso de que lo aportado a la sociedad extranjera sean intangibles, la operación, independientemente de su cuantía, debe ser incluida en la declaración informativa de precios de transferencia. 
 
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