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David Alejandro Peñuela - david.penuela.ortiz@hotmail.com miércoles, 27 de febrero de 2013

Así las cosas, el daño deberá ser cierto y personal. Es decir, no debe existir duda alguna en cuanto a su existencia y, adicionalmente, la persona que pretenda reclamar su indemnización debe ser la titular del interés lícito que fue menoscabado.

En lo relacionado con la imputación, se deberá acreditar que la atribución jurídica que se pretende asignar es necesaria y eficiente. Dicho de otra manera, que la relación que existe entre autor y acción es forzosa y que dicha correspondencia, indefectiblemente, conduce al resultado analizado.        
 
En cuanto al fundamento o título de imputación, es indispensable establecer que el resultado se produjo por la inobservancia de reglamentos (falla del servicio), por la concreción de un riesgo producto de una actividad peligrosa (riesgo excepcional) o por el rompimiento en la igualdad de las cargas públicas (daño especial). Por lo tanto, si la situación jurídico-fáctica no se estaciona en ninguno de éstos tres ámbitos, el daño, aun cuando corresponde a la lesión de un interés lícito, no se debe resarcir por cuanto el mismo no es antijurídico. Por el contrario, será antijurídico cuando además de reunirse todos los elementos y características, no hay una justificación para su producción. De ahí, que la responsabilidad se defina como la obligación de resarcir un daño injustificadamente causado.
 
Igualmente, la parte accionada puede alegar la existencia de alguna de las causas extrañas como son fuerza mayor/caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero, con el fin de impedir la configuración del escalón de la imputación.
 
En conclusión, el Estado puede defenderse jurídicamente: a) atacando el elemento daño tanto en su existencia como en sus características. Esto es, argumentando o que el interés que se pretende reparar es ilícito o que la persona que incoa la acción no es la titular de tal derecho, b) atacando la configuración de la imputación mediante el análisis de las diferentes teorías de la causalidad para sustentar que la causa del daño no es atribuible al actuar de un agente estatal o, como ya se mencionó, invocando una de las causas extrañas para evitar dicha atribución o, finalmente, c) demostrando que el daño es jurídico por cuanto no se inobservó ningún reglamento, no se concretó el riesgo creado con la actividad peligrosa o no se quebrantó la igualdad de las cargas públicas, entre otros aspectos a revisar.       
 
Por si fuera poco, el defensor estatal cuenta con la posibilidad de corroborar  el monto de la valoración del daño contrastando el mismo con la declaración de renta de las víctimas, tal y como lo establece el artículo 10 de la Ley 58 de 1982. Así las cosas, es evidente que los requisitos de configuración de la responsabilidad son, a su vez, los mismos mecanismos de defensa que se pueden emplear en un juicio. 
 
En otras palabras, de fallar alguno de los elementos previstos o de las características pertenecientes a cada escalón, la estrategia de defensa del Estado está más que clara. 
 
Por esto, me cuesta trabajo entender cómo, luego de poseer una estructura tan rígida y exigente en lo atinente a la responsabilidad, se pretende reformar la cláusula general de responsabilidad estatal para volverla una cláusula de irresponsabilidad e inconstitucionalidad. 
 
Una propuesta de esta clase sólo demuestra una total ignorancia en lo concerniente al tema de la responsabilidad patrimonial y un pensamiento antidemocrático, totalmente violatorio del principio de reparación integral.
 
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