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Fernando Aguirre Gómez domingo, 13 de enero de 2013

Los cambios acaecidos en las políticas del Distrito han permitido tomar ciclópeas decisiones como la de entregar la prestación del servicio de aseo en la ciudad a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), disposición que va en contravía los principios regulatorios, ya que esta entidad no solo presenta fuertes deficiencias en la prestación de los servicios a su cargo, sino porque no tiene la experiencia requerida para prestar el servicio.

Decisiones como esta han impedido adjudicar los nuevos contratos bajo el esquema de concesión a través de licitación pública, modelo de administración que durante los últimos 18 años no solo ha logrado substanciales mejoras en la calidad del servicio, sino también tarifas más bajas.
 
Antes de entregar el servicio de aseo a la EAAB, cabe recordar que hasta 1994 éste se encontraba a cargo de la EDIS, entidad Distrital que tuvo que ser liquidada debido a los graves problemas estructurales que la llevaron a la inviabilidad operacional y financiera, reflejo de ineficientes administraciones altamente politizadas y burocratizadas, lo que obligó a la administración Distrital a entregar el servicio a concesionarios privados, modelo administrativo que logró mejorarlo de forma integral, no solo porque alcanzó una cobertura del 100% y mejoró su calidad, sino también porque las tarifas se ubicaron por debajo del precio tope establecido por regulación.
 
Es así como la segunda generación de concesiones de aseo operó entre 2003 y 2010 y se desarrolló bajo los parámetros de las resoluciones CRA 151 y 164 de 2001, con base en las cuales se estableció la tarifa tope para Bogotá, nivel que sirvió para que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) iniciara la licitación pública para entregar en concesión las seis Áreas de Servicio Exclusivo (ASE´s) en que dividió la ciudad, asignando a cada área su respectivo tope, lo cual generó una puja entre los proponentes para hacerse a las áreas, ofertando con montos inferiores a los tope.
 
Los menores costos generados con el proceso licitatorio (eficiencias por licitación) se reflejaron en tarifas más bajas, iniciando 13% por debajo de la tarifa tope en septiembre de 2003, descuento que gradualmente fue aumentando año a año (ganancias por eficiencia que establece la Ley 142 de 1994) hasta alcanzar 17% en septiembre de 2010, mes en que el servicio debía entregarse a nuevos concesionarios bajo licitación pública, proceso que no fue posible por demoras en su estructuración, motivo por el cual la UAESP prorroga los contratos, aunque reduciéndole la remuneración a los concesionarios en 5,0%, lo que se traduce en menores tarifas. 
 
Al término de la prórroga, septiembre de 2011, tampoco fue posible iniciar las nuevas concesiones, debido a que la Corte Constitucional suspendió el proceso licitatorio, lo cual obligó a la UAESP a declarar la primera urgencia manifiesta, figura que le permitió firmar nuevos contratos con los mismos operadores por seis meses. 
 
La remuneración para los concesionarios se fijó con base en el precio tope establecido ahora por las resoluciones CRA 351 y 352 de 2005 y la oferta realizada por cada uno de ellos, acuerdo que permitió que las tarifas del servicio se ubicaran por debajo del nuevo precio tope. 
 
Seis meses más tarde se repite la historia, se declara una segunda urgencia manifiesta y se firman nuevos contratos bajo las mismas condiciones, solo que a su término se decide prorrogarlos por tres meses más, decisión última que va en contra de lo dispuesto por la Resolución CRA 151 de 2001, la cual establece que los plazos de los contratos otorgados bajo urgencia manifiesta no pueden superar los seis meses. 
 
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